El lobby del agronegocio en Brasil avanza con una serie de proyectos de ley de impacto fulminante. El más trascendental haría que la deforestación de la Amazonia —drásticamente reducida bajo el gobierno de Lula— sea prácticamente imposible de monitorear y sancionar.
No se puede subestimar la centralidad de la agricultura para el capital mundial. En la década previa a 2025, el valor de las exportaciones agrícolas globales aumentó un 34%, alcanzando casi los 2,3 billones de dólares; así, superó a las materias primas metálicas y minerales, ubicándose solo por detrás de los combustibles fósiles. Este gigantesco motor material de producción es apenas la cara tangible del agronegocio, que controla cada vez más enormes circuitos de capital financiero especulativo. Además, la floreciente economía verde le ha dado aún mayor trascendencia a la agricultura a gran escala. Si se tiene en cuenta que los sistemas agroalimentarios generan un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano, el agrocapital tiene un impacto desmesurado en el rumbo de la transición climática global.
No sorprende, entonces, que en los países que dependen de las materias primas —que según la ONU representan cerca del 80% de las economías en desarrollo— el agrocapital goce de un poder político y fiscal considerable. Brasil es uno de esos casos. Los productos agrícolas representan el 43% de sus exportaciones, con la soja, la carne vacuna y el café a la cabeza de un coloso comercial de 169.000 millones de dólares. Esta riqueza, además, está ferozmente concentrada: apenas el 10% de los propietarios controla el 73% de la superficie rural de Brasil, mientras que el 50% de las fincas más pequeñas se amontona en apenas el 2% del territorio. Este control desigual de los recursos productivos del país sostiene el eterno dominio de las clases terratenientes sobre el Estado.
En consecuencia, el agronegocio brasileño mueve el lobby más grande y poderoso dentro de un mapa político dominado por intereses corporativos consolidados. La Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que cuenta con 342 miembros entre ambas cámaras del Congreso, es solo la punta de lanza de un entramado nacional que defiende los intereses de los terratenientes y las corporaciones agrícolas, sin importar qué partido esté en el gobierno. Es la llamada bancada ruralista.
Este mes de mayo, el lobby se movió con una velocidad pasmosa para hacer avanzar un paquete de proyectos de ley que le meten motosierra a las protecciones ambientales y sociales de Brasil. Se trató de un ataque coordinado contra los cimientos de las frágiles victorias ambientales del presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva; una verdadera campaña legislativa de impacto fulminante. Los proyectos se votaron sobre tablas mediante un trámite exprés, sin pasar por el filtro de las comisiones. Hubo normas que se rechazaron y terminaron resucitadas para volver a votarse horas después. Los proyectos, los tiempos, los espectadores en el recinto: todo estuvo fríamente calculado para lograr el máximo efecto.
Lo que el periodismo ya bautizó como la «Semana del Agro» no es un hecho consumado. Los proyectos todavía deben pasar por el Senado antes de convertirse en ley, y queda la posibilidad de que Lula aplique el veto presidencial. Sin embargo, más allá del resultado final, lo que está en juego nunca estuvo tan claro: ¿para qué sirve la naturaleza y quién puede disfrutar de sus frutos?
Los proyectos de ley
La magnitud de la ofensiva legal del agrolobby se puede ver en el contenido de las reformas propuestas. Entre ellas figuran proyectos para recortar medio millón de hectáreas de la reserva ecológica de Jamanxim, en la Amazonia; otorgar al Ministerio de Agricultura el control sobre qué animales entran en la lista de especies en peligro de extinción; quitar las protecciones al 40% de las zonas boscosas en el estado de Pará y a las áreas de vegetación nativa no boscosa en todo el país; restringir la capacidad del gobierno para monitorear los riesgos delictivos en el financiamiento rural; y, lo más grave, debilitar al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) —el organismo de control ambiental del país— entorpeciendo su capacidad para combatir la deforestación ilegal mediante imágenes satelitales.
Si a esto le sumamos que el Tribunal Supremo dio luz verde a las obras de una línea ferroviaria que atravesará territorio indígena, y los intentos constantes del lobby por usar fondos sociales y rentas petroleras para reestructurar las deudas de los productores, se empieza a notar la magnitud de esta tormenta de reacción agrícola.
Aun así, es llamativo lo poco que se construye con esta ráfaga de proyectos. El motor de fondo es la pura venganza: deshacer lo que el sector percibe como un atropello a su libertad de producir y expandirse sin límites.
Tomemos como ejemplo la decisión de la Cámara de Diputados del 21 de mayo de otorgar al Ministerio de Agricultura el control casi total sobre la lista de especies exóticas invasoras y en peligro de extinción, un poder que le quitaron al Ministerio de Medio Ambiente. Esto fue un castigo directo a este último ministerio por haber clasificado a la tilapia —un pez común de criadero— como especie invasora, una medida que, según aclaró el propio organismo, ni siquiera restringía su cultivo. La sola idea de que el Estado avanzara sobre la producción de tilapia desató un pánico moral entre los productores de carne. «Es absurdo, es vergonzoso», gritó el presidente de la FPA. Bajo la presión del lobby, el Ministerio de Medio Ambiente suspendió en diciembre toda su lista de especies protegidas: las 444 que la integraban. El proyecto de ley del mes pasado se llevó al Congreso para garantizar que un susto así no se repita.
La venganza también impulsó la que amenaza con ser la ley más trascendental aprobada este mes: el desmantelamiento operativo del IBAMA. Esta agencia ha sido la herramienta principal del éxito del tercer gobierno de Lula para frenar la deforestación de la Amazonia desde 2022. Bajo una gestión reforzada, la deforestación cayó un 50% en los últimos tres años, y los megaoperativos contra los madereros ilegales derivaron en multas y decomisos de madera clandestina sin precedentes.
Estas victorias se apoyan en dos pilares que hoy están bajo amenaza directa. El primero es el uso de imágenes satelitales por parte del IBAMA para monitorear la deforestación a distancia, sin necesidad de que los inspectores se expongan físicamente en zonas rurales aisladas y muchas veces hostiles. El segundo es la capacidad del IBAMA para aplicar embargos preventivos a las propiedades investigadas por delitos ambientales, bloqueando su acceso a los mercados y al crédito, una medida considerada clave para combatir a un sector delictivo que se mueve rápido y a escondidas. El lobby agropecuario insiste en que ambas facultades exponen a los productores a un riesgo injusto de sanción. El sector se encargó de difundir historias de terror sobre agricultores indefensos que supuestamente podaban sus árboles de caqui y terminaban señalados por satélite como destructores del bosque, una estrategia para pintar al lobby como el defensor del pequeño productor acosado por tecnócratas distantes y sin rostro.
En la realidad, los motivos son bastante menos nobles. Con esta ley, el lobby del agronegocio busca directamente dinamitar una piedra angular de la protección ambiental en Brasil. Limitar las tareas del IBAMA a las inspecciones presenciales equivale, como señaló un funcionario, a querer controlar las infracciones de tránsito con policías escondidos detrás de los arbustos. Y respecto a la propuesta de avisar a los propietarios antes de que el IBAMA aplique bloqueos preventivos para evitar que su soja o madera potencialmente ilegales lleguen al mercado… bueno, por algo a los delincuentes no se les avisa con amabilidad que la justicia está en camino.
De aprobarse, esta ley podría bloquear cerca del 70% de las actividades de monitoreo del IBAMA. La destrucción de la Amazonia, que ya está avanzada, quedaría prácticamente legalizada. Brasil se tambalea, lamentó el viceministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, al borde de un «retroceso inimaginable». La semana pasada, advirtió, podría tener un «impacto en la gobernanza ambiental de Brasil de proporciones jamás vistas».
Crisis en el campo
¿Quiénes están detrás de esta oleada de leyes y cuál es su principal motivación? El sector del agronegocio en Brasil no es un bloque homogéneo, y entender las distintas divisiones en sus filas es clave para comprender los reclamos que alimentan su política. Existen brechas profundas entre los intereses y las exigencias de corporaciones multinacionales como Bunge y Amaggi, y la realidad de los pequeños y medianos productores que pueblan el corazón agrícola del país. En una posición cruzada respecto a estos grupos se encuentran los clanes oligárquicos, cuyo dominio cuasifeudal en el norte y noreste brasileño esconde, en realidad, estrechos lazos con el agrocapital financiarizado. Y por debajo de todos ellos se ubican los acaparadores de tierras (grileiros), los mineros ilegales (garimpeiros) y otros criminales extractivos que se han adosado al lobby rural para hacer avanzar su interés común: dinamitar las protecciones ambientales y expandir la frontera extractiva de la Amazonia.
De este modo, los integrantes de la bancada ruralista pueden ubicarse en varios ejes según el tamaño de sus propiedades, su nivel de integración en los mercados mundiales y la legalidad de sus actividades. Lo que unifica a este grupo, a menudo dispar, «de un simple conjunto de intereses sectoriales en un movimiento cada vez más asertivo que compite por la hegemonía en el escenario nacional», como señala Fernando Rugitsky, es un resentimiento compartido hacia el modelo de gobernanza ambiental del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, sumado a la habilidad de la familia Bolsonaro para capitalizar ese descontento y disputar el poder al más alto nivel.
Este «agrobolsonarismo» es el motor de la ofensiva legal del mes pasado. Aunque está defendido por los oligarcas y los grandes terratenientes que llenan las filas de la FPA en el Congreso, la fuerza de empuje del movimiento reside en los pequeños y medianos agricultores. Sus quejas no dejan de tener cierto fundamento: atrapados incómodamente entre los dos pilares del lulismo —los colosos de las materias primas y los trabajadores empobrecidos—, los propietarios de menor escala luchan por mantenerse a flote. Este resultó ser un territorio fértil para el populismo reaccionario de Jair Bolsonaro, que combinó su celebración del emprendedor autónomo con el repertorio conservador de siempre: más armas, menos regulaciones y un desprecio generalizado hacia los sectores populares. Movilizados por la victoria de Bolsonaro en su momento, estos productores frustrados han demostrado ser plenamente capaces de hacer valer sus intereses incluso después de que él fuera desplazado del poder.
Los años transcurridos desde la elección de Lula no han hecho más que acentuar la sensación de crisis en el sector agrícola. A finales de 2025, un 8,2% de las explotaciones agrícolas cayó en cesación de pagos, con tasas de insolvencia que aumentan trimestre a trimestre desde hace dos años consecutivos. Bajo una tormenta perfecta de aranceles estadounidenses, costos de insumos en alza y una seguidilla de desastres climáticos espantosos, muchos productores tendrán suerte si logran salir hechos tras la cosecha de este año. Esta crisis de rentabilidad es el contexto inmediato de la ofensiva legislativa de la FPA.
El sector agrícola brasileño siempre ha visto la protección del medio ambiente como una carga: árboles protegidos a expensas del productor. Al destruir las defensas ecológicas, la bancada ruralista busca eliminar cualquier obstáculo al alcance y la intensidad de la producción agrícola. La satisfacción moral de derrotar al ala ecologista de la izquierda brasileña es, para ellos, un simple beneficio colateral.
El agrolobby también ha presionado para obtener un rescate financiero directo por parte del Estado. La respuesta favorita de la bancada ruralista ante la crisis de deuda no solo implica aumentar drásticamente los subsidios estatales para los productores, sino financiar este alivio financiero con fondos sociales y con las rentas petroleras que se han disparado durante la guerra de Irán. Es un recordatorio brutal de la constante interacción entre la destrucción del planeta y el sometimiento de sus sectores más vulnerables.
Todo esto conforma una respuesta perversa a la COP30, celebrada hace apenas ocho meses en Belém —la capital del estado amazónico de Pará— bajo el mandato del entonces gobernador Helder Barbalho. En una escena de teatro político surrealista, un orgulloso Barbalho observaba cómo el Congreso votaba para diezmar los ecosistemas de su propio estado y avalar el acaparamiento de tierras a gran escala. Puede que Brasil esté dando pasos admirables para ecologizar su matriz energética, pero este fracaso estrepitoso a la hora de proteger sus bosques frente a las topadoras y las motosierras deja un sabor amargo ante las declaraciones del país como «líder climático».
Es cierto que existe un sector creciente del agronegocio que busca subirse a la ola de la transición verde. Las multinacionales se alarmaron ante la decisión de la Unión Europea de prohibir las importaciones de carne brasileña, y las cadenas de suministro manchadas por abusos laborales y destrucción ecológica parecen, cada vez más, un pasivo financiero y un problema de relaciones públicas. Para estos terratenientes «conscientes», el ataque del mes pasado contra las protecciones ambientales es simplemente arcaico. Quienes están dispuestos a cumplir de palabra con la transición climática no tienen por qué renunciar a jugosas ganancias: los bonos de carbono, los bonos verdes y los créditos de biodiversidad ofrecen nuevas formas de extraer valor de la tierra con una fracción del riesgo reputacional. Por ahora, sin embargo, estas estrategias reflejan la postura de una pequeña minoría. El monocultivo a gran escala para la exportación —el modo de producción impuesto por los portugueses— sigue siendo la norma para el campo brasileño. El azúcar le cedió el lugar a la soja, pero muy poco ha cambiado en el fondo.
Un océano de soja
Lula no se ha quedado sin cartas para jugar. El sector del agronegocio sigue dependiendo enormemente del Estado. Sin sus créditos y subsidios, sin sus tasas de interés generosas y la infraestructura financiada con fondos públicos —paradojalmente, el tipo de intervencionismo estatal que sus referentes de derecha dicen aborrecer—, el sector no podría sobrevivir. Sin embargo, a su vez, el lulismo depende de los sectores agrícola y extractivo, ya que necesita sus rentas y divisas para aceitar el modelo de desarrollismo redistributivo propio del PT. Con la perspectiva de una elección reñida en octubre contra Flávio Bolsonaro, Lula difícilmente se encuentra en condiciones de enfrentar de manera directa al lobby más fuerte del Congreso.
De hecho, el apaciguamiento —y no la resistencia— ha definido la relación de Lula con el agronegocio a lo largo de sus doce años en el poder. Lula ha puesto las arcas del Estado a su disposición; los productores, a cambio, han tolerado a regañadientes sus políticas sociales. Este matrimonio por conveniencia —un ascenso social de base financiado por el sector económico más regresivo— es la contradicción insalvable en el corazón del lulismo.
Por lo tanto, la respuesta del Partido de los Trabajadores ante la aplanadora legislativa del mes pasado ha sido, hasta ahora, innegablemente débil. Aquí y allá, la bancada ambientalista logró suavizar alguna redacción, meter algún vacío legal o señalar con el dedo en señal de desaprobación, evidenciando cada vez más que fueron a una guerra con pistolas de agua. Lula todavía podría recurrir al veto si algún proyecto prospera en el Senado, tal como hizo cuando la llamada «Ley de Devastación» se aprobó en julio pasado. Pero esto también parece una respuesta tibia: el veto presidencial puede ser revocado si la mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso vota en ese sentido. Un Congreso dominado por la bancada ruralista suele tener la última palabra; a la FPA le tomó menos de cinco meses revertir cincuenta y seis de los sesenta y tres vetos de Lula a la ley antes mencionada.
Si existe un camino hacia adelante, este se encuentra en manos de los grupos que están en la primera línea de la batalla contra esta contrarrevolución agraria: los movimientos indígenas, de trabajadores sin tierra y quilombolas, que tanto han hecho para poner el saqueo del planeta en el centro de la atención mundial. El verdadero poder de estas luchas populares radica en su demostración práctica de que existen formas de vida y de producción capaces de sostener a este planeta y a sus seres vivos. Como subraya Rugitsky, este es un rumbo que supera el paradigma estéril y defensivo de la «preservación de tierras» que define el enfoque de gobernanza ambiental del PT. Solo si estos movimientos se fortalecen con una base de masas, y solo si logran recorrer la larga marcha a través de las instituciones del Estado brasileño, las futuras generaciones heredarán una tierra en la que valga la pena vivir.
La alternativa —un océano de soja, un paisaje lunar pisoteado por el ganado— es algo que apenas podemos permitirnos imaginar.
