Sobre Clorox, las expropiaciones y el control obrero

Sobre Clorox, las expropiaciones y el control obrero - lecciones para el movimento obrero

Escrito por Deivi Peña


Hace cerca de tres semanas que fue juramentada la Junta Administradora Especial
de la empresa trasnacional de productos de limpieza Clorox. Luego de que los
dueños de la misma anunciaran su decisión de cesar sus operaciones en el país,
alegando que la regulación de precios le obligaba a producir bajo pérdidas en
varios de los rubros importantes para la empresa. Sin embargo, como ha explicado
el gobierno, esta empresa recibió cifras significantes de dólares de manos de
CADIVI y ahora del SICAD.

Fábrica cerrada, fábrica ocupada por los trabajadores

En contra de los argumentos de los sectores reformistas de la dirigencia del
gobierno Bolivariano, y del PSUV, quienes afirman que no se puede profundizar
más allá a la revolución ya que el pueblo no tiene un nivel de consciencia
suficiente para asumir la dirección de la política y la economía del país, los
trabajadores de la trasnacional norteamericana Clorox han ocupado la fábrica
luego de que los patronos cobardemente, sin dar la cara a los trabajadores,
desde los EEUU declararon sus intenciones de cesar sus operaciones en el país.

Demostrando con esto el grado de madurez política de los trabajadores, que al
igual que otras decenas de experiencias que están ocurriendo en todo el país
justo ahora – aunque menos mediatizadas –, han mostrado que los trabajadores no
sólo tienen la suficiente consciencia, sino que su convicción los lleva incluso
a rebasar los límites impuestos por las conservadoras y corrompidas estructuras
sindicales heredas de la IV República y enquistadas en las nuevas centrales
sindicales obreras surgidas en tiempos de la revolución. Mientras el reformismo
afirma que no hay condiciones para seguir avanzando, nosotros respondemos “no
sólo están maduras las condiciones, sino que se están empezando a descomponer.”

El viejo sindicalismo apuesta a la negación total de los Consejos Socialistas de
Trabajadores, o incluso en algunos casos a someter estas instancias socialistas
de democracia y Control Obrero a la dirección del políticas meramente
reinvicativistas enmarcadas en el capitalismo, además de no pretender romper con
él, en otras palabras no pretenden construir el socialismo, sino humanizar al
capitalismo.

Por el contrario el movimiento obrero genuino, ajeno a las tradiciones
sindicales de la IV República, asumiendo la consiga y legado de Chávez “fábrica
cerrada, fábrica ocupada por los trabajadores”, han tomado decenas de fábricas
en todo el país y las han puesto a funcionar bajo control democrático de los
obreros, en la mayoría de los casos sin apoyo de las centrales sindicales, del
estado, ni de ningún partido u organización política. Empresas que han sido
cerradas en el marco de la guerra económica para asestar nuevos golpes a los
intereses de los trabajadores y para generar el descontento popular que ha
venido y sigue debilitando el apoyo de algunos sectores del Chavismo hacia el
gobierno nacional encabezado por el presidente Maduro.

Sin embargo el acompañamiento por parte de las instituciones del estado a estas
luchas obreras antes, durante y luego de las tomas, ha sido poco o ninguno,
favoreciendo, queriéndolo o no, a la burguesía parasitaria del país. La
intervención por parte del estado en la trasnacional Clorox, es la excepción y
no la regla. La razón por el estado se pronunció con tanta brevedad es la
mediatización que obtuvo luego de que los dueños denunciaran internacionalmente
que los trabajadores espontáneamente tomaron la fábrica, y también del interés
del mismo Presidente Nicolás Maduro en intervenir. De haber transitado por los
canales regulares sin el apoyo de la presidencia o vicepresidencia, la
Inspectoría así como el Ministerio del Trabajo, hubiesen tardado tantos meses
para pronunciarse como en las otras experiencias de fábricas tomadas en los
últimos años – en algunos casos han esperado más de un año, entre negociaciones
con los patronos, para aplicar la ley –.

Las limitaciones de la legalidad burguesa

La actual Ley Orgánica del Trabajo establece en su artículo 149, que en caso de
un cierre ilegal o fraudulento, si el patrono se niega a acatar la Providencia
Administrativa donde se le ordena el reinicio de las actividades laborales, a
petición de los trabajadores el Ministerio del Proceso Social del Trabajo debe
conformar una Junta Administradora Especial, conformada por dos trabajadores, de
los cuales uno de estos la presidirá y, por un representante del patrono. En los
casos donde el patrono decida no participar este puesto será ocupado por un
tercer trabajador. La duración de esta junta es un año, pudiendo extenderse si
el caso lo amerita.

La experiencia práctica ha demostrado que la aplicación de este artículo de la
LOTT, en los casos producto de los cierres ilegales en los que el patrono ha
abandonado a su suerte a los trabajadores, huyendo de cualquier responsabilidad
contractual con estos, y donde los mismos trabajadores han tomado las
instalaciones de las fábricas, para evitar, entre otras cosas, que el patrono
venda las materias primas y maquinarias y justificar su incapacidad de continuar
con las actividades productivas, es que los trámites burocráticos a los que son
sometidos los trabajadores, no hacen más que asfixiar las luchas por la
transformación socialista, manteniendo así el “statu quo”, dejando el
capitalismo intacto.

En los casos donde se ha aplicado dicho artículo, para que se haga cumplir la
ley, el Ministerio del Trabajo consciente o inconscientemente cómplices de la
burguesía, ha esperados meses, a veces hasta más de un año, para hacer cumplir
la ley en su artículo 149, lo cual implica que los trabajadores han debido
quedarse salvaguardando las instalaciones de la empresa, durante meses sin
percibir un salario, significando el debilitamiento de la continuidad de la
lucha por la reclamación legítima de sus derechos contemplados en la LOTT que es
Legado de Chávez, al no poder mantenerse largos plazos a la espera de la
providencia ministerial sin recibir un salario. Y lo que es más grave aún la
Junta Administradora Especial conformada, no puede más que administrar la
propiedad que sigue siendo del patrono, por lo tanto mientras no ocurra una
expropiación o nacionalización, donde dicha empresa pase a ser propiedad del
estado, y se le entregue legalmente a los trabajadores la completa
administración, la propiedad del medio de producción (instalaciones,
maquinarias, herramientas, materias primas, etc.), así como la producción total
y ganancia que esta genere, sigue también siendo propiedad del patrono.

Por lo tanto, luego de que la Junta Administradora pague las diferentes deudas y
pasivos laborales a los trabajadores, proveedores, etc., es decir luego de que
el mismo esfuerzo de la Junta y de cada uno de los compañeros en lucha, cancele
las deudas del patrono, este patrono puede sin ninguna traba legal recuperar la
total administración de la empresa si así lo desea, ya que en el fondo, nunca
dejó de ser de él. Debido a que la razón por la cual se formó la junta – para
salvaguardar los puestos de trabajos de los trabajadores ante un posible despido
y/o liquidación incompleta –, ha dejado de existir, al ya no tener obligaciones
legales por las que responder ante el estado ni ante los trabajadores. Lo cual
simplemente favorece al patrono, y no puede más que mantener la continuidad
“normal” del capitalismo sin representar una salida socialista para los
trabajadores.

El sabotaje de la burocracia a las empresas nacionalizadas

La burocracia del estado es y ha sido hostil a las experiencias de Control
Obrero, en todo el país. La experiencia de años bajo control obrero en Inaf e
Inveval, fueron aplastadas por la burocracia poco después de su expropiación, y
lo mismo han intentado hacer en las industrias básicas. Esto lo vimos por
ejemplo en el conflicto en SIDOR, donde la dirección estatal no sólo ha impedido
y saboteado abiertamente la negociación del contrato colectivo, sino que han
sido una traba para evitar que la dirección de las empresas sean tomadas directa
y democráticamente por los trabajadores de base.

Esta administración por parte de la burocracia estatal en todas las empresas del
estado le ha dado la potestad a estos funcionarios estatales, que han sido
designados para dirigir las empresas nacionalizadas, de administrarlas según sus
propios intereses. Y no siempre (o quizás nunca) han usado esta potestad para el
beneficio colectivo, por el contrario en muchos casos esta dirigencia ha
saboteado la producción, ha incurrido en casos de corrupción, y ha jugado un
papel contrarrevolucionario, en contra del mismo gobierno en general y
especialmente en contra de los intereses del pueblo trabajador. Como han
denunciado los trabajadores de Industrias Diana y Lácteos los Andes en el
pasado, se trata de una campaña para hacer quebrar las empresas estatales para
luego justificar la privatización de las mismas. No es casualidad que Lorenzo
Mendoza, haya expresado su intención de comprar estas dos empresas. Pero lo
mismos pudiera decirse de las diferentes empresas estatizadas del país.

¿Pudiera tener la burocracia una actitud diferente?, la experiencia de las
fábricas nacionalizadas en el país ha demostrado que el interés de la burocracia
estatal no representa el intereses de los trabajadores por y para el Control
Obrero, y que por el contrario son antagónicos. No es difícil entender el por
qué de esta actitud. De aplicarse efectivamente el control obrero, es decir, la
administración total bajo control democráticos de los trabajadores y sin
jerarquías piramidales, implica necesariamente que los sectores oportunistas de
la burocracia deben a la larga perder los privilegios que poseen dentro del
aparato del estado burgués, esto quiere decir que, entre otras cosas, perderían
los salarios muy superiores a los de un obrero cualificado que reciben
actualmente, por lo que es ingenuo pensar que esta misma burocracia pueda
atentar contra sus propios intereses. Incluso si esto significa actuar en contra
de las intenciones del gobierno central y/o de cualquier otra instancia de la
dirección del gobierno Bolivariano, así como en contra de los intereses de las
mayorías. Lo cual a la larga es un acto de traición conscientemente o no en
contra de la revolución y del legado de Chávez.

En el caso de la trasnacional Clorox, no se ha hablado hasta ahora de
expropiación, ni de nacionalización, por el contrario se trata de una Junta
Administradora Especial de carácter temporal, conformada por 4 representantes de
diferentes instituciones estatales y 3 representantes de los trabajadores, lo
cual deja la mayoría, en otras palabras la capacidad de tomar las decisiones
importantes, en manos de la burocracia del estado. Sin embargo, aunque no se
trata formalmente de la Junta Administrativa contemplada en el artículo 149 de
la LOTT, de igual forma implica que la propiedad de la empresa sigue siendo de
los patronos estadounidenses, y que luego de solventado los “problemas”
económicos de la empresa, estos pueden retomar la dirección de la misma, sin
ninguna traba legal.

Desde el gobierno se nos ha dicho también que no se quiere repetir los errores
del pasado, esto aparentemente significa que no quieren repetir las
expropiaciones y/o nacionalizaciones. De ser así las lecciones que la dirección
del gobierno ha sacado de los errores del pasado son totalmente incorrectas.
Como hemos explicado a través de este artículo, el error del estado ha sido
dejar la dirección de las empresas en manos de la burocracia estatal, no la
expropiación/nacionalización en sí misma. Es por esto que en el caso de Clorox,
se siguen repitiendo “ingenuamente” los errores del pasado, dejando la dirección
de la empresa en manos de la burocracia del estado.

Nacionalización y Control Obrero

Sin control obrero las nacionalizaciones no pueden mantenerse en el tiempo, pero
de igual forma sin nacionalizaciones el control obrero tampoco lo puede hacer.
Se trata de dos condiciones de coexistencia indivisibles y estrechamente ligadas
entre sí. Sin una, la otra no puede existir. El control obrero no sólo implica
la administración de las empresas en manos de los trabajadores, sino también la
permanente fiscalización y contraloria por parte de los mismos trabajadores de
base, así como del estado y de las comunidades.

El principal problema del capitalismo es precisamente la finalidad para la cual
se produce. Mientras haya capitalismo, es decir mientras las principales
palancas de la economía estén en manos de una minoritaria clase burguesa, que
controla el poder económico, la producción estará exclusivamente destinada a
satisfacer los intereses de esta clase dominante, de la burguesía. La única
finalidad de la producción bajo el capitalismo es generar y acumular riquezas, y
no satisfacer las necesidades de los consumidores.

La dirección democrática por los trabajadores o Control Obrero, en las empresas
de carácter socialista, no se trata de una consigna romántica que enarbolamos
los marxistas, para hacer justicia a la clase trabajadora, quienes han sido
explotados por años por la burguesía, por el contrario se trata de un análisis
de carácter científico. Sólo una administración democrática de la producción de
las tierras y las industrias, por parte del pueblo trabajador, permite que sea
este mismo pueblo el que decida en base a sus propios intereses, en base a las
necesidades de las mayorías, qué y cómo producir. Esta es la importancia de la
administración colectiva que defendemos para las empresas socialistas.

Por otro lado unos cientos de empresas de carácter social y bajo Control Obrero,
no pueden competir con un sólo monopolio, o con un conjunto de firmas asociadas
(oligopólico), de igual forma que la producción de los pequeños campesinos, no
puede solucionar todos los problemas de alimentación, mientras las mejores
tierras sigan estando sub-utilizadas, en manos de latifundistas. Por lo que no
basta con crear muchas nuevas empresas y apoyar a los pequeños campesinos, hay
que nacionalizar las palancas de la economía para ponerlas en manos del pueblo
trabajador.

Sin embargo, solamente con poner en manos de la clase trabajadora los medios de
producción, no se solucionan los problemas económicos por completo. Si la
producción socialista no esta basada en la acumulación de riquezas, y los
trabajadores tmpoco tienen riquezas propias que puedan invertir en el desarrollo
de los medios de producción, ¿de qué manera pudiera una economía en manos de los
trabajadores desarrollarse para satisfacer todas las necesidades de bienes y
servicios?. Para esto hace falta la intervención directa del estado,
nacionalizando también los bancos nacionales y trasnacionales. Sólo a través de
una fuerte banca pública unificada se pueden generar planes de inversión que
puedan desarrollar las fuerzas productivas del país a los niveles necesarios
para generar suficiente empleo, bajo condiciones dignas para los trabajadores, a
la par que se produzca lo suficiente para acabar la pobreza, el hambre, etc.

Ahora bien, acabado el capitalismo en el país, no se acaban de forma mágica los
problemas del mercado. De igual forma la competencia seguirá existiendo. Pero
como es bien sabido, entre mayor es la capacidad de producción, mas bajos son
los gastos operativos en relación al valor de las mercancías, por lo que las
empresas y tierras de producción socialista, luego del proceso productivo sólo
deberán tener ganancias suficientes para cubrir los gastos operativos de la
producción, dignificar los salarios y dar beneficios laborales para los
trabajadores, etc. Esto significa que los bajos precios que pueden y deben
ofrecer las empresas socialistas más grandes, no serán rentables para las
pequeñas y medianas empresas. Por lo que esta libre competencia, de igual forma
como ocurre en el capitalismo, llevará a la quiebra a las pequeñas y medianas
empresas, arrojando a la pobreza a los trabajadores de estas.

Para que esto no ocurra, el estado debe tener la propiedad de las empresas
socialistas mientras la administración de estas debe estar bajo Control Obrero,
de tal forma que se pueda unificar los procesos productivos en una sola empresa,
no sólo acabando con la competencia que destruiría las pequeñas y medianas
empresas, sino unificando los sectores de la industria en uno sólo. Acabando
también con la división entre los sectores de la producción (Sector primario,
secundario y terciario).

Se trata de la nacionalización de los Latifundios, Monopolios y Bancos,
unificados en una sola gran industria, para la creación de un sistema de
producción socialista centralizado, y en manos de la clase trabajadora,
democráticamente y sin jerarquías ni privilegios, donde se produce en base a las
necesidades de las mayorías. Sólo de esta forma se puede acabar completamente
con los problemas del capitalismo y los mercados.

In
Lucha de clases
http://www.luchadeclases.org.ve/marxismo/analisis/7807-lecciones-para-movimiento-obrero
27/10/2014