Ley de Medios: Nuevo triunfo cooperativo en materia de TV por cable en Morteros

Miguel Julio Rodríguez Villafañe (PRENSA RED)

La sanción de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en octubre
del año 2009, fue un avance en pluralidad democrática. A su vez, especialmente
para cooperativas y mutuales, era un paso muy importante para poder acceder a
brindar, integralmente, diversos servicios audiovisuales. Se venía de 29 años de
marginación inconstitucional de las instituciones de la economía solidaria para
poder tener voz, con sus propios medios de radiodifusión.

Pero a poco del dictado de la nueva norma, hubo decisiones judiciales, como las
medidas cautelares adoptadas por los jueces federales Olga Pura de Arraval de
Mendoza y Miguel Medina de Salta, que paralizaron el avance en la aplicación de
la ley. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue la que, a nueve meses del
dictado de la norma, en junio de 2010, paró esta andanada, en contra la ley en
general y revocó las medidas que no permitían la vigencia plena de la misma.

Ataques a cooperativas y mutuales

Tiempo después, el ataque fue específico, en contra de las cooperativas y
mutuales que prestaran servicios públicos y que, además, aspiraran
particularmente prestar televisión por cable.

Por un lado, se dieron oposiciones administrativas y ante la Comisión de Defensa
de la Competencia, sin fundamentos, para dilatar procesos en el trámite para la
adjudicación de las licencias. Aún hoy, cada licencia que se otorga al sector,
se la continúa impugnando, sin derecho, ante la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

A su vez, y como una punta de lanza judicial paralela, Beatriz Pabla Villosio
-titular de una licencia de radiodifusión en la localidad de Morteros, en la
provincia de Córdoba- y la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC)
(asociación civil que nuclea a licenciatarios de radiodifusión de televisión por
cable), presentaron un amparo ante el juez civil y comercial federal Edmundo
Carbone, con la excusa que la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros
había solicitado el otorgamiento de una licencia de radiodifusión.

En el amparo, actuó el mismo estudio jurídico del Grupo Clarín, pidieron la
inconstitucionalidad del art. 30 de la ley 26.522, que autoriza a las
organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios públicos, a brindar
televisión por vínculo físico. A su vez, se requirió que se dictara una medida
cautelar que suspendiera la aplicación del referido artículo a todos los
trámites de cooperativas o mutuales.

Villosio llegó a decir, que la Cooperativa de Morteros, con seguridad iba a
llevar a la práctica conductas monopólicas, para desplazar al competidor de este
mercado, entre otras manifestaciones que dejaban en claro prejuicios
discriminatorios y una verdadera búsqueda de marginar a las organizaciones de la
economía solidaria de la prestación del servicio. Sin embargo, no dijo dicha
prestadora, que ella ejercía, desde hace muchos años, el monopolio en la TV por
cable en Morteros, como un mercado cautivo, sin competencia alguna.

En la causa, el juez Carbone hizo lugar a la medida cautelar que se solicitó
yordenó al Poder Ejecutivo Nacional y a todas sus organismos a abstenerse de
dictar, implementar y/o ejecutar actos -de alcance individual o general- y
realizar trámites que impliquen la aplicación del artículo 30 de la ley 26522.
Esto también paralizó, nuevamente, todos los trámites para concretar los
derechos de cooperativas y mutuales.

En el caso, los amparistas luego, con particular enojo, denunciaron que se
agrandó el agravio, ya que se había adjudicado a la Cooperativa de Morteros la
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un circuito
cerrado de televisión en la localidad.

Al juez actuante se lo impugnó, por su parcialidad, lo que lo apartó y un nuevo
magistrado Horacio Alfonso resolvió revocar la medida cautelar dispuesta por
Carbone. Más a esta decisión fue apelada por Villosio y ATVC, ante la Cámara
Civil y Comercial Federal de la Capital Federal.

Fallo favorable

En este momento, se da la buena noticia que, la Sala I, de la referida Cámara,
con fecha 17 de julio del corriente año 2014, resolvió confirmar la decisión que
denegaba la medida cautelar. Los magistrados María Susana Najurieta, Ricardo
Guarinoni y Francisco de las Carreras sostuvieron en el fallo que no cabía hacer
lugar a lo que se solicitaba por los apelantes, teniendo presente, entre otros
argumentos, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
desarrollada en el caso “Grupo Clarín”, -fallo de fecha 29/10/13-.

Se resaltó, que no cabe paralizar con medidas cautelares los emprendimientos
cooperativos y mutuales, en materia de radiodifusión, dado que el máximo
tribunal del país ha afirmado, que la ley 26522, entre otras cosas, “busca
garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local, así
como el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y
fomento de la competencia para abaratar, democratizar y universalizar el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.

Si bien, continúa el juicio respecto del planteo de fondo formulado por Villosio
y ATVC, -lo que no se debe descuidar por cooperativas y mutuales-, da esperanza
positiva fallos como el que ha dictado la Cámara. De esa manera no se permite
que se consoliden nuevos ataques al esfuerzo de las entidades sin fines de
lucro, que buscan brindar, solidariamente, nuevas posibilidades a todos, para el
pleno ejercicio del derecho humano de la libertad de expresión.

Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado de cooperativas, Constitucionalista,
especialista en Derecho de la Información y periodista.

In:
Argenpress
http://www.argenpress.info/2014/08/ley-de-medios-nuevo-triunfo-cooperativo.html
28/8/2014