El control obrero en Venezuela afronta un contexto de incertidumbre

Josep María Martorell Calaf

/INDORCA, una de las pocas empresas bajo control obrero en Venezuela,
ejemplifica los retos que enfrentan este tipo de empresas, así como su
potencial para contribuir a superar la crisis/

INDORCA es una empresa sin patrón, donde todo se decide en la asamblea
formada por los 39 trabajadores de la plantilla, en plena igualdad. En
INDORCA todo el mundo cobra exactamente lo mismo, sea cual sea el
trabajo que haga o la antigüedad que tenga. Y la gestión económica es a
la vista de todos, en una gran pizarra en la sala de reuniones, garante
de una transparencia absoluta. Es el resultado de más de diez años de
lucha, de un periplo que arranca con despidos masivos y la organización
sindical de los trabajadores, y que sigue con una obstinada lucha contra
una justicia parcial, años de carestía, boicots, sabotajes y mercenarios.

Su historia, muy poco conocida incluso en Venezuela, no sólo muestra la
realidad de las pocas empresas bajo un control obrero real en este país.
Es también el punto de partida de innovadoras formas de colaboración no
mercantilizada para recuperar la capacidad productiva nacional: INDORCA
es el escenario de la primera “batalla productiva”. Finalmente, permite
comprender la compleja relación entre la nacionalización de empresas por
parte del Estado y las experiencias de control obrero real, hoy atacadas
desde varios frentes.

Y es que Industrias del Orinoco C.A. (INDORCA) no recibe ninguna ayuda
del Estado, puesto que no es una empresa nacionalizada. La plantilla se
aferra a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
Trabajadoras (LOTTT) que hizo Chávez en 2012, poco antes de morir, y que
permite que los trabajadores gestionen directamente una empresa que,
fraudulentamente, sea liquidada por el empresario. Pero lo hace en un
contexto económico y político muy distinto del que había en vida de Chávez.



*Una singular experiencia de lucha*

INDORCA es una empresa metalmecánica de Guayana, zona industrial al este
del país dedicada a la exportación de hierro, acero y aluminio, que hoy
ocupa unos 20.000 trabajadores. INDORCA hace todo tipo de piezas de
acero, mecanizadas o no. Desde piezas roscadas hasta complejos cabezales
de pozo para extracción de petróleo. Víctor Mujica es tornero y el
actual vicepresidente, miembro de la junta por decisión de la asamblea.
Repasa su compleja historia de lucha, que empieza con síntomas de
desinversión en 2008 y sigue con dos despidos masivos, el despido de
todos los miembros del sindicato, una larga serie de pleitos en los que
la justicia siempre resolvió a favor del empresario Óscar Giménez y,
finalmente, la suspensión total de pagos en julio de 2012. Fue entonces
cuando la asamblea decidió ocupar la fábrica hasta que se les pagara.

A todo esto, en mayo de 2012 había entrado en vigor la reforma de la
LOTTT que, en su artículo 149, permitía, a petición de los trabajadores,
“ /ordenar la ocupación de la entidad de trabajo cerrada y el reinicio
de las actividades productivas/ […]. /A tal efecto, convocará al patrón
o patrona, trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales,
para la instalación de una Junta Administradora Especial./ ” CALDERYS y
EQUIPETROL, empresas vecinas, ya habían seguido este camino antes de que
INDORCA.

Cuando los tribunales ordenaron el desalojo de la empresa, la plantilla,
apoyada por los compañeros de CALDERYS y EQUIPETROL, desoyó la sentencia
y resistió los sucesivos embates policiales. Durante tres años y medio,
encerrados en la fábrica y sin cobrar - y aunque parezca imposible - ,
sobrevivieron organizando rifas, gracias a colectas de comida y dinero
de las empresas vecinas, cultivando un huerto, criando cabras. Incluso
resolvieron practicando una intensa cacería de iguanas. Se alternaban
para buscar pequeños trabajos afuera y compartían el salario. No fue
hasta la llegada de Jesús Martínez como nuevo ministro de Trabajo,
persona comprometida con las luchas obreras, que consiguieron fecha para
la activación del artículo 149: 23 de marzo de 2015. Pero quince días
antes un grupo armado asalta la empresa, encañona a los trabajadores de
guardia e inutiliza la planta.



*Una salida por la izquierda a la crisis económica venezolana*

Ese golpe, que casi acaba con la lucha de INDORCA, significó el
nacimiento de las “batallas productivas”. Trabajadores de CALDERYS,
EQUIPETROL y CARBONORCA, impactados por aquel acontecimiento y
organizados por personas como Sergio Requena, acudieron a INDORCA para
reparar los desperfectos gratuitamente. Fue esta muestra de solidaridad
la que permitió a INDORCA culminar su lucha, y significó también el
nacimiento del Ejército Productivo Obrero (EPO), del que Sergio es un
militante destacado.

Actualmente, con más de dos mil voluntarios inscritos en todo el país,
han organizado ya diecisiete batallas productivas: se trata de
expediciones en las que profesionales diversos, de forma gratuita y
coordinadas por el EPO, se desplazan a empresas colectivizadas o
nacionalizadas en dificultades, reparando averías que, por falta de
recursos, anulan o disminuyen su productividad. Su última intervención,
la más mediática, fue la de junio de 2019 para poner en funcionamiento
el 100% de la maquinaria del Ministerio de Turismo en Caracas, que ocupa
a unos 2000 trabajadores^1 <#sdfootnote1sym>.

Sin duda, esta nueva experiencia, que actualmente se consolida en
Venezuela^2 <#sdfootnote2sym>, abre un vasto campo de posibilidades para
la recuperación productiva nacional en el actual contexto de crisis.
Pero este modelo, tan vinculado al control obrero real, escapa a la
burocracia del Estado: casualidad o no, hoy se está impidiendo al EPO
que repare gratuitamente el metro de Caracas y el Hospital
Universitario, dos instituciones caraqueñas con graves averías y de
vital importancia para los sectores populares de la ciudad.



*La realidad del control obrero en la Venezuela actual*

INDORCA, ya colectivizada, tuvo dos años de mayores facilidades,
mientras Juan Arias era ministro de Industria y Sergio Requena fue
nombrado presidente de CORPIVENSA. Ambos hacían tándem para fortalecer
las cuatro empresas bajo control obrero en Guayana. En 2017 INDORCA
lograba su primer contrato con una empresa estatal, VENALUM: la
plantilla remontó hasta 42 trabajadores. Desde CORPIVENSA, Sergio
fomentaba las dinámicas de apoyo mutuo del EPO y, gracias a esto, 11
empresas recuperaban o potenciaban la capacidad productiva^3
<#sdfootnote3sym> ^,^4 <#sdfootnote4sym> .

Pero pronto ambos fueron destituidos. En primer lugar, porque este
modelo no deja coimas para la burocracia en cada operación. En segundo
lugar, porque anima los trabajadores a apoderarse de los medios de
producción sin necesitar un capital o un estado que los tutele. Así,
Juan Arias fue sustituido en junio de 2018 por Tareck El-Aissami
?abogado criminólogo sin ninguna experiencia en el sector? y, al cabo de
un mes, le tocó a Sergio. INDORCA no ha vuelto a firmar un contrato con
una empresa estatal. Se acabaron también los beneficios equiparables a
los de las empresas estatales: la caja CLAP, medicinas a través de
FARMAPATRIA...

Efectivamente, después de la muerte de Chávez en 2013, llega la crisis y
empiezan las medidas de ajuste. La burguesía, con el apoyo de EE.UU.,
redobla su ofensiva y, ante esto, la salida del gobierno de Maduro no
fue hacia la plena expropiación y la planificación económica, sino hacia
políticas de conciliación, levantando el control de precios y
promoviendo la supuesta burguesía revolucionaria o patriota, a la cual
se están vendiendo muchas empresas antes nacionalizadas. Un caso
emblemático es el de la cadena de distribución Éxito, nacionalizada como
Abastos Bicentenario S.A. en tiempo de Chávez y hoy de nuevo privatizada
o, en el campo agroalimentario, Arroz del Alba S.A. Se ve también en el
actual retorno de tierras a latifundistas, expulsando a los campesinos a
quién Chávez se las había entregado por la ley de tierras de 2001.

Desde 2013 también se aposta por una intensificación de las relaciones
económicas con países como China, Rusia y Turquía. Este contexto de
privatizaciones, de fortalecimiento de la burocracia y de la burguesía
nacional, y de fomento de inversiones transnacionales se deja notar en
el retroceso de las pocas experiencias de control obrero que se habían
dado con Chávez. Así, algunas empresas que habían llegado a
autogestionarse según el 149, los últimos años han pasado a ser
gestionadas directa o indirectamente por el Estado. La fábrica de
conservas UPSA La Gaviota es una de las empresas regidas por el 149 pero
donde, actualmente, hay una mayoría de representantes del Estado en la
junta administradora. Es el mismo caso de la planta de Petare de Smurfit
Kappa, que había sido un referente del control obrero.

Por otra parte, el gobierno de Maduro hace tiempo que ha frenado las
expropiaciones con la intención de atraer inversiones. Cuando un
propietario abandona la empresa, el gobierno aplica de forma indebida el
artículo 149 para recuperarla. Es decir, sin que haya una petición de la
plantilla, impone una junta de burócratas para gestionarla, cosa que
hace que formalmente la empresa siga siendo propiedad del antiguo dueño.
Estas recuperaciones de empresas por el Estado se proyectan como
experiencias de control obrero sin serlo. Es el caso de Kimberly Clark,
recuperada en 2016, y de Alimentos Kellogg’s, en 2018.

Hoy no existe ningún registro de empresas bajo control obrero real en
Venezuela, pero todo indica que hablamos de una decena. Las fórmulas
legales que las amparan, aun así, son diversas. La costurera Heroínas de
Aragua ?antigua Franelas Gotcha?, luchó en 2004 para ser reconocida de
utilidad pública y expropiada. Con todo, se rige por un comité de
fábrica integrado exclusivamente por mujeres costureras de la empresa.
INTERCERAMI C.A., en Lara, fue abandonada en 2013 y logró constituirse
en empresa de propiedad directa comunal. Hoy es EPSDC Alfareras del
Gres: rinden cuentas a la comuna de aquel territorio y no al Estado.
Alina Foods C.A., en cambio, fue abandonada en mayo de 2015 y, con Jesús
Martínez como ministro, obtuvo el 149 en octubre del mismo año:
actualmente resiste a un decreto de nacionalización no consultado con la
plantilla y que podría sustituir el control obrero. Finalmente, cuatro
empresas de Guayana: Calderys Refractarios Venezolanos S.A., Equipetrol
C.A., C.E. Minerales de Venezuela S.A., e Indorca, son gestionadas por
una junta administradora especial según el 149.



*Expectativas del control obrero en Venezuela*

En las empresas estatales los trabajadores cobran ?aunque poco?
independientemente de la producción, o incluso si la empresa está
totalmente parada durante años por una avería. Pero las empresas bajo
control obrero, formalmente, son privadas: si no facturan, los
trabajadores no cobran. INDORCA no recibe encargos de empresas
estatales. Las grandes empresas privadas de Guayana, por otra parte,
apoyan a Óscar Giménez contra sus antiguos trabajadores y también les
boicotean. ¿A quién vende, pues, INDORCA? A pequeñas empresas privadas
nacionales de la zona y a grandes transnacionales. Estas últimas aceptan
encargos de las poderosas empresas estatales y subcontratan parte de
estos trabajos a INDORCA, que acaba trabajando igualmente para el
Estado, pero de forma tercerizada: un margen de beneficio que escapa del
país gracias a las nuevas políticas de fomento de la inversión extranjera.

De camino a INDORCA, por una de las polvorientas pistas de tierra, hay
una gran parcela vallada. Está llena de las más variadas piezas: grandes
escaleras, silos, planchas metálicas, vigas de acero... Es una nueva
planta de pellas de hierro por encargo del Estado: la han traído entera,
a piezas, desde China. “ /Mira, ¿que ves? Esto son escaleras, silos...
¿crees que todo esto no se hubiera podido hacer en INDORCA? Y habría
sido cuatro veces más barato/ ”.

No todos los puntos de vista son tan rotundos sobre el peligro que
representan las nuevas alianzas internacionales para la Revolución
Bolivariana. Muchos lo entienden como una fase en la agudización de la
lucha contra el imperialismo norte-americano y como la única salida,
ahora mismo, al feroz bloqueo. A pesar de crear nuevas vulnerabilidades,
estas alianzas ayudarían objetivamente a reducir la dependencia respecto
de la metrópoli ancestral, los EE. UU. y Europa. Una fase en que habría
que aprovechar para ganar soberanía, para reinvertir la renta
extractivista en desarrollar industrial, agraria y tecnológicamente el
país. Pero sería iluso entender estos acuerdos con Rusia, China,
Turquía, Irán... como relaciones internacionalistas. La cuestión no es
sencilla pero, en cualquier caso, no parece que las privatizaciones y
las políticas de conciliación con la burguesía, por muy patriota que
sea, puedan entenderse del mismo modo.

El retroceso actual del control obrero en Venezuela responde a todos
estos factores. Por otro lado, el artículo 149 de la LOTTT describe una
situación provisional; no está pensado para definir un sistema de
gestión permanente de una empresa. Esto hace que se tenga que renovar
cada año con el ministerio, poniendo estos proyectos periódicamente a
merced de la burocracia. La salida lógica a esta situación provisional
parece que sea la nacionalización pero, en este caso, la gestión recae
formalmente en el Estado y no ya en los trabajadores. Sea como fuere,
todo apunta a que, hoy, el verdadero control obrero no está en la agenda
del gobierno de Maduro.


1 <#sdfootnote1anc>^ https://www.youtube.com/watch?v=Tdh37jddKTA

2 <#sdfootnote2anc>^
http://noticias.ciudadccs.info/ejercito-productivo-obrero-lanza-lineas/

3 <#sdfootnote3anc>^
http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=10822

4 <#sdfootnote4anc>^
http://www.correodelorinoco.gob.ve/corpivensa-ha-repotenciado-a-11-empresas-en-todo-el-pais/

*Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante
una licencia de Creative Commons
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/>, respetando su
libertad para publicarlo en otras fuentes.*

In
REBELION
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=260828
25/9/2019