América Latina: el péndulo se desplaza a la derecha

James Petras
      Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo


Introducción
Es evidente que en América Latina el péndulo se ha desplazado a la derecha en
los últimos años. De esta observación surgen numerosas preguntas. ¿De qué tipo
de derecha estamos hablando? ¿Por qué prospera? ¿Son sostenibles los regímenes
derechistas? ¿Quiénes son sus aliados y sus adversarios internacionales? Una vez
en el poder, ¿qué tal les ha ido y cuáles son los criterios por los que se mide
su éxito o su fracaso?
Aunque la izquierda está en retroceso, retiene el poder en algunos estados.
Surgen preguntas como: ¿Cuáles son las características de la izquierda actual?
¿Por qué algunos regímenes se mantienen mientras otros están en decadencia o han
sido derrotados? ¿Podrá la izquierda recuperar su influencia? ¿Qué condiciones
hacen falta para ello? ¿Qué programa deben llevar para atraer al electorado?
Empezaremos examinando el carácter y las políticas de la derecha y de la
izquierda y hacia dónde se dirigen, para concluir analizando las dinámicas de
sus programas, alianzas y perspectivas futuras.
La derecha radical: El rostro del poder
La pretensión de los regímenes de derechas es poner en marcha cambios
estructurales: quieren reordenar la naturaleza del Estado, las relaciones
sociales y económicas, la política exterior y las alianzas económicas. Regímenes
de derecha radical gobiernan en Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú,
Paraguay, Guatemala, Honduras y Chile.
Los regímenes de extrema derecha han acometido cambios bruscos algunos países,
mientras en otros los van incorporando gradualmente. Las transformaciones
sufridas por Brasil y Argentina son ejemplos de cambios extremadamente
regresivos destinados a invertir la distribución de la renta, las relaciones de
propiedad, las alianzas internacionales y las estrategias militares. El objetivo
es redistribuir los ingresos de manera ascendente, volver a concentrar la
riqueza y la propiedad en el extremo superior de la pirámide social y en
elementos externos al país, y plegarse a la doctrina imperial. Estos regímenes
están dirigidos por gobernantes que hablan abiertamente en favor de los
inversores nacionales y extranjeros más poderosos y son generosos en la
adjudicación de subsidios y recursos públicos: practican una especie de
“populismo para plutócratas”.
La llegada al poder y la consolidación de regímenes de extrema derecha en
Argentina y Brasil se ha basado en varias intervenciones decisivas, que combinan
elecciones y violencia, ´purgas e incorporaciones, propaganda en los medios de
comunicación de masas y profunda corrupción.
Mauricio Macri contó con el apoyo de los principales medios convencionales,
encabezados por el grupo del diario Clarín, así como por la prensa internacional
financiera (Financial Times, Wall Street Journal). Los especuladores de Wall
Street y el aparato político de Washington en el extranjero subsidiaron su
campaña electoral.
Macri, su familia, sus amigotes y sus cómplices financieros transfirieron
recursos públicos a cuentas privadas. Los popes políticos de provincias y sus
actividades clientelares se unieron a los sectores adinerados de Buenos Aires
para asegurar el voto en la capital. Una vez elegido, el régimen de Macri
transfirió 5.000 millones de dólares al conocido especulador de Wall Street,
Paul Singer firmando un crédito multimillonario, con altos tipos de interés;
multiplicó por seis el impuesto a algunos servicios; privatizó el petróleo, el
gas y terrenos públicos; y despidió a decenas de miles de funcionarios.
Macri organizó una purga política y la detención de dirigentes de la oposición,
incluyendo a la antigua presidenta Cristina Fernández Kirchner. Varios
activistas de provincias fueron encarcelados o incluso asesinados.
Macri ejemplifica la figura del triunfador desde la perspectiva de Wall Street,
Washington y la élite empresarial porteña. Los salarios de los trabajadores
argentinos se han reducido. Las compañías de servicios se han asegurado los
mayores beneficios de la historia. Los banqueros duplicaron el índice de
beneficios. Los importadores se han convertido en millonarios. Los ingresos de
la agroindustria se dispararon al reducirse sus impuestos. Pero para las
pequeñas y medianas empresas argentinas, el régimen de Macri ha sido un
auténtico desastre. Miles de ellas han quebrado a causa del elevado coste de
algunos servicios y la feroz competencia de las importaciones baratas chinas.
Además de la caída de los salarios, el desempleo y el subempleo se han duplicado
y el índice de pobreza extrema se ha triplicado.
La economía lucha por mantenerse a flote. La financiación de la deuda no ha
conseguido promover el crecimiento, la productividad, la innovación y las
exportaciones. La inversión extranjera se ha visto favorecida, ha conseguido
pingües beneficios y saca fuera del país sus ganancias. La promesa de
prosperidad apenas ha beneficiado a un cuarto de la población. Para debilitar el
descontento público fruto de estas medidas, el régimen ha acallado las voces de
los medios independientes, ha dado rienda suelta a las pandillas de matones que
actúan contra los críticos y ha cooptado a los jefes sindicales maleables para
que rompieran las huelgas.
Las protestas públicas y las huelgas se han multiplicado, pero el gobierno ha
hecho oídos sordos y multiplicado la represión. Los líderes populares y los
activistas han sido estigmatizados por los gacetilleros financiados por el
gobierno.
A menos que se produzca un gran levantamiento social o un colapso económico,
Macri se aprovechará de la fragmentación de la oposición para asegurar la
reelección que le permita seguir actuando como un gánster de Wall Street. Macri
está dispuesto a firmar nuevas bases militares y acuerdos de libre comercio con
EE.UU. así como a incrementar la colaboración con la siniestra policía secreta
de Israel, el Mossad.
Brasil ha puesto en práctica las mismas políticas derechistas de Macri. Tras
alzarse con el poder mediante una operación de destitución falsaria, el gran
estafador Michel Temer procedió acto seguido a desmantelar la totalidad del
sector público, congelar los salarios por veinte años y ampliar la edad de
jubilación de cinco a diez años. Temer estuvo a la cabeza de un millar de cargos
electos corruptos en el saqueo multimillonario de la compañía estatal de
petróleo y múltiples grandes proyectos de infraestructuras.
Golpe, corrupción y desacato quedaron ocultos por un sistema que garantiza la
impunidad de los congresistas hasta que algunos fiscales independientes
investigaron, acusaron y metieron en prisión a varias docenas de políticos, pero
sin llegar a Temer. A pesar de contar con el 95 por ciento de desaprobación
popular, el presidente Temer se mantiene en el cargo con el respaldo absoluto de
Wall Street, el Pentágono y los banqueros de Sao Paulo.
Por otra parte, en México, el narcoestado asesino, continúan alternándose en el
poder los dos partidos ladrones, el PRI y el PAN. Miles de millones de dólares
obtenidos de manera ilícita por banqueros y mineras canadienses y
estadounidenses continúan viajando a paraísos fiscales para su conveniente
lavado. Los fabricantes mexicanos e internacionales han amasado inmensos
beneficios que exportan a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales . El país
superó su triste record de evasión de impuestos al tiempo que ampliaba sus
“zonas de libre comercio”, sinónimo de salarios bajos e impuestos reducidos a
las empresas. Millones de mexicanos han cruzado la frontera para huir del
capitalismo gansteril depredador. El flujo de cientos de millones de dólares de
beneficios propiedad de multinacionales canadienses y estadounidenses son el
resultado del “intercambio desigual” de capital estadounidense y mano de obra
mexicana, que se mantiene en vigor gracias al fraudulento sistema electoral
mexicano.
Al menos en dos ocasiones bien documentadas, las elecciones presidenciales de
1988 y 2006, los candidatos de izquierda Cuahtemoc Cárdenas y Manuel López
Obrador ganaron con suficiente margen a sus contrincantes, para ver como
posteriormente les robaba su triunfo un conteo fraudulento de los votos.
En Perú, los regímenes extractivistas de derechas han alternado entre la
dictadura sangrienta de Fujimori y regímenes electorales corruptos. Lo que se
mantiene sin cambios en la política peruana es la entrega de los recursos
minerales del país al capital extranjero, la persistente corrupción y la
explotación brutal de los recursos naturales por parte de corporaciones mineras
de EE.UU. y Canadá, en regiones habitadas por comunidades indígenas.
La extrema derecha expulsó del poder a los gobiernos electos de centro izquierda
de Fernando Lugo, en Paraguay (2008-2012) y Manuel Celaya en Honduras
(2006-2009), con el apoyo activo y la aprobación del Departamento de Estado de
EE.UU. Sus narcopresidentes ejercen ahora el poder mediante la represión contra
los movimientos populares y el asesinato de decenas de campesinos y activistas
urbanos. Este año, una elección burdamente amañada en Honduras ha asegurado la
continuidad del régimen corrupto y las bases militares estadounidenses.
La difusión de la extrema derecha desde Centroamérica y México hasta el Cono Sur
está preparando el terreno para la reimplantación de alianzas militares con
Estados Unidos y acuerdos comerciales regionales.
El ascenso de la extrema derecha garantiza las privatizaciones más lucrativas y
los mayores beneficios para los créditos otorgados por bancos extranjeros. La
extrema derecha está preparada para aplastar el descontento popular y los
desafíos electorales con violencia. Como mucho, permite que unas pocas élites
con pretensiones nacionalistas se vayan alternando en el poder para ofrecer una
fachada de democracia electoral.
El giro del centro-izquierda al centro-derecha
El desplazamiento político hacia la extrema derecha se ha extendido como una
onda, y los gobiernos nominales de centro-izquierda se han desplazado hacia el
centro-derecha.
El ejemplo más claro lo ofrece el Uruguay gobernado por el Frente Amplio de
Tabare Vázquez, y Ecuador, con la reciente elección de Lenin Moreno de Alianza
País. En ambos casos el terreno ya había sido preparado al reconciliarse estos
partidos con los oligarcas de los partidos tradicionales derechistas. Los
anteriores gobiernos de centro-izquierda de Rafael Correa, en Ecuador, y José
Mújica en Uruguay consiguieron fomentar la inversión pública y las reformas
sociales, usando una retórica izquierdista y capitalizando el aumento global de
precios y la alta demanda de las exportaciones agrominerales para financiar sus
reformas. Con la caída de los precios mundiales y la exposición pública de los
casos de corrupción, los recién elegidos partidos de centro-izquierda nominaron
a candidatos de centro-derecha que convirtieron las campañas anticorrupción en
vehículos para la adopción de políticas económicas neoliberales.
Los nuevos presidentes de centro-derecha marginaron a los sectores más
izquierdistas de sus respectivos partidos. En el caso de Ecuador, el partido se
fraccionó y el nuevo presidente aprovechó para cambiar sus alianzas
internacionales apartándose de la izquierda (Bolivia y Venezuela) y acercándose
a Estados Unidos y la extrema derecha, al tiempo que abandonaba el legado de su
predecesor en cuanto a programas sociales populares.
Con la caída de precios de los productos de exportación, los regímenes de
centro-derecha ofrecieron generosos subsidios a los inversores extranjeros en
agricultura y silvicultura en Uruguay y a los propietarios de minas y
exportadores en Ecuador.
Los recién convertidos regímenes de centro-derecha se acercaron a sus homónimos
ya asentados en Chile y se unieron al Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP), con las naciones asiáticas, Estados Unidos y la Unión Europea.
El centro-derecha ha intentado manipular la retórica social de los anteriores
gobiernos de centro-izquierda con el fin de retener al electorado popular al
tiempo que se aseguraba el apoyo de las élites empresariales.
La izquierda se desplaza hacia el centro-izquierda
El gobierno de Evo Morales en Bolivia ha demostrado una capacidad excepcional
para mantener el crecimiento, asegurarse la reelección y neutralizar a la
oposición combinando una política exterior de izquierda radical con una economía
mixta público-privada de carácter moderado. A pesar de que Bolivia condena el
imperialismo estadounidense, las principales multinacionales del petróleo, el
gas, los metales y el litio han realizado fuertes inversiones en el país. Evo
Morales ha moderado su postura ideológica pasando del socialismo revolucionario
a una versión local de democracia liberal.
Al adoptar la economía mixta, Evo Morales ha conseguido neutralizar cualquier
hostilidad abierta de Estados Unidos y los nuevos gobiernos de extrema derecha
de la región.
Manteniendo su independencia política, Bolivia ha integrado sus exportaciones
con los regímenes neoliberales de la región. Los programas económicos moderados
de su presidente, la diversificación de las exportaciones minerales, la
responsabilidad fiscal, las graduales reformas sociales y el apoyo de los
movimientos sociales bien organizados han permitido la estabilidad política y la
continuidad social, a pesar de la volatilidad de los precios de las materias
primas.
Los gobiernos de izquierda de Venezuela, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro han
llevado un curso divergente con duras consecuencias. Totalmente dependiente de
los precios internacionales del petróleo, Venezuela procedió a financiar
generosos programas asistenciales en el ámbito interno y en el exterior. Bajo el
liderazgo del presidente Chávez, Venezuela adoptó una consecuente política
antiimperialista y se opuso al acuerdo de libre comercio promovido por EE.UU.
(ALCA) con una alternativa antiimperialista, la Alianza Bolivariana para las
Américas (ALBA).
Los programas sociales progresistas y las ayudas económicas a los aliados
extranjeros, sin dedicar recursos a diversificar la economía y los mercados ni
incrementar la producción, estaban basados en los ingresos elevados constantes
procedentes de un único y volátil producto de exportación: el petróleo.
A diferencia de la Bolivia de Evo Morales, que edificó su poder con el respaldo
de una base popular organizada, disciplinada y con conciencia de clase,
Venezuela contaba con una alianza electoral amorfa compuesta por habitantes de
los suburbios humildes, tránsfugas de los partidos tradicionales corruptos (de
todo el espectro) y oportunistas en busca de un puesto y beneficios. La
educación política se reducía a consignas para corear, vítores al presidente y
la distribución de bienes de consumo.
Los tecnócratas y políticos venezolanos afines al régimen ocupaban posiciones
muy lucrativas, sobre todo en el sector petrolero, y no tenían que rendir
cuentas ante consejos de trabajadores o auditorías públicas competentes. La
corrupción era generalizada y se robaron miles de millones de dólares
procedentes de la riqueza petrolera. Este saqueo era tolerado por el flujo
constante de petrodólares motivado por los elevados precios históricos y el auge
de la demanda. Todo ello condujo a un extraño escenario en el que el gobierno
hablaba de socialismo y financiaba enormes programas sociales mientras los
principales bancos, la distribución de alimentos, la importación y el transporte
eran controlados por oligarcas hostiles al régimen que se embolsaban enormes
beneficios mientras fabricaban la escasez de artículos y promovían la inflación.
A pesar de todos estos problemas, los votantes venezolanos avalaron al gobierno
en una serie de victorias electorales, sin prestar atención a los agentes de
EE.UU. y los políticos de la oligarquía. Esta dinámica de triunfos llevó al
régimen a pensar que el modelo socialista bolivariano era irrevocable.
La precipitada caída de los precios del petróleo, de la demanda global y de los
beneficios procedentes de las exportaciones llevó a un retroceso de las
importaciones y del consumo. A diferencia de Bolivia, las reservas de divisas
menguaron, el saqueo rampante de miles de millones fue finalmente sacado a la
luz y la oposición derechista apoyada por EE.UU. recurrió a la “acción directa”
violenta y al sabotaje, al tiempo que acaparaba alimentos, bienes esenciales de
consumo y medicamentos. La escasez dio paso a un mercado negro generalizado. La
corrupción del sector público y el control que ejerce la oposición hostil de la
banca privada, el sector minorista y el industrial, con el respaldo de Estados
Unidos, paralizó la economía. La economía entró en caída libre y el apoyo
electoral se ha debilitado. A pesar de los graves problemas del régimen, la
mayoría de votantes de renta baja comprendió que sus probabilidades de
sobrevivir bajo la oposición oligárquica apoyada por EE.UU. serían todavía
peores y la asediada izquierda ha continuado ganando las elecciones regionales y
municipales celebradas durante 2017.
La vulnerabilidad económica de Venezuela y el índice de crecimiento negativo han
provocado un aumento de la deuda pública. La animadversión de los regímenes de
extrema derecha de la región y las sanciones económicas dictadas por Washington
han acentuado la escasez de alimentos y el desempleo.
Bolivia, por el contrario, consiguió derrotar los intentos de golpe de Estado
promovidos por las élites locales y EE.UU. entre 2008 y 2010. La oligarquía
regional de Santa Cruz tuvo que decidir entre compartir sus beneficios y la
estabilidad social sellando pactos sociales (con trabajadores y campesinos, la
capital y el Estado) con el gobierno de Morales o hacer frente a una alianza del
gobierno y el movimiento sindical dispuesto a expropiar sus posesiones. Las
élites optaron por la colaboración económica manteniendo una discreta oposición
electoral.
Conclusión
La izquierda ha perdido casi todo el poder estatal. Es probable que la oposición
a la extrema derecha vaya en aumento dado el ataque grave e inflexible que están
sufriendo los ingresos y las pensiones; el aumento del coste de la vida; las
graves reducciones en los programas sociales y los ataques al empleo en el
sector público y el privado. La extrema derecha tiene varias opciones y ninguna
de ellas ofrece concesiones a la izquierda. Han elegido reforzar las medidas
policiales (la “solución Macri”); intentan fragmentar a la oposición negociando
con líderes sindicales y políticos oportunistas; y sustituyen a los gobernantes
caídos en desgracia con nuevas caras que continúen sus mismas políticas (la
solución brasileña).
Los antiguos partidos, movimientos y dirigentes revolucionarios de izquierda han
evolucionado hacia la política electoral, las protestas y la acción sindical.
Por el momento, no representan una alternativa política a nivel nacional.
El centro-izquierda, especialmente en Brasil y Ecuador, está en una posición
fuerte y cuenta con líderes dinámicos (Lula Da Silva y Correa) pero tiene que
enfrentarse a acusaciones falsas promovidas por fiscales derechistas que
pretenden excluirlos de la contienda electoral. A menos que los reformistas de
centro-izquierda tomen parte en acciones de masas prolongadas y a gran escala,
la extrema derecha conseguirá debilitar su recuperación política.
El Estado imperial de EE.UU. ha recuperado temporalmente regímenes títere,
aliados militares y recursos y mercados económicos. China y la Unión Europea se
aprovechan de las óptimas condiciones económicas que les ofrecen los regímenes
de extrema derecha. El programa militar estadounidense ha conseguido neutralizar
la oposición radical en Colombia y el régimen de Trump ha impuesto nuevas
sanciones a Cuba y Venezuela.
Pero la celebración triunfalista del régimen de Trump es prematura: no ha
logrado ninguna victoria estratégica decisiva, a pesar de los progresos a corto
plazo conseguidos en México, Brasil y Argentina. No obstante, las grandes fugas
de beneficios, transferencias de propiedades a inversores extranjeros, tasas
fiscales favorables, bajos aranceles y las políticas de comercio todavía no han
generado nuevas infraestructuras productivas, crecimiento sostenible ni han
asegurado las bases económicas. La maximización de los beneficios y el descuido
de las inversiones en productividad e innovación para promover la demanda y los
mercados internos han provocado la bancarrota de miles de pequeños y medianos
locales comerciales e industrias. Esto se ha traducido en un aumento del
desempleo crónico y del empleo de mala calidad. La marginación y la polarización
social están creciendo a falta de liderazgo político. Esas condiciones
provocaron levantamientos “espontáneos” en Argentina en 2001, en Ecuador en 2000
y en Bolivia en 2005.
Puede que la extrema derecha en el poder no provoque una rebelión de la extrema
izquierda, pero sus políticas seguramente socavarán la estabilidad y la
continuidad de los regímenes actuales. Como mínimo, pueden hacer surgir cierta
versión del centro-izquierda que restaure los regímenes de bienestar y empleo
actualmente hechos pedazos.
Mientras tanto, la extrema derecha seguirá presionando con su plan perverso que
combina un profundo retroceso del bienestar social, la degradación de la
soberanía nacional y el estancamiento económico con una formidable maximización
de beneficios.
 La presente traducción puede reproducirse libremente siempre que se respete su
integridad y se nombre a su autor, su traductor y a Rebelión como fuente de la
misma.
In
REBELION
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235687
23/12/2017