Economía política de las masacres

James Petras
Rebelión
      Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Cada año más de 30.000 ciudadanos de Estados Unidos pierden la vida a causa de
disparos. Cada mes, en patios escolares, discotecas, salas de concierto, centros
de trabajo y lugares públicos, personas inocentes son exterminadas por asesinos
que manejan potentes armas semiautomáticas compradas legalmente. La Asociación
Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas inglesas), una organización con 3
millones de afiliados, apoya y promociona el acceso libre a armamento militar.
La inmensa mayoría de legisladores, presidentes y jueces de EE.UU. es partidaria
de la posesión de esas mismas armas que causan las masacres.
¿Por qué el sistema político estadounidense se lamenta de la frecuencia con que
se producen atentados masivos y sin embargo respalda el proceso político que
hace posibles las matanzas? El volumen, alcance y duración de las masacre
requiere que examinemos las características sistémicas a gran escala y largo
plazo de la economía política estadounidense.
 Política bélica: Las masacres en el exterior como símbolo del “heroísmo
americano”
El gobierno de EE.UU. ha participado en multitud guerras sangrientas en las que
ha masacrado a millones de civiles –incluyendo familias enteras en sus casas–
que no suponían ninguna amenaza para el pueblo estadounidense. Las guerras
representan el triunfo de la destrucción y la muerte como modo de promover los
programas políticos de Estados Unidos. Se rinde honores a los criminales de
guerra. Los conflictos políticos y problemas sociales internos se resuelven
destruyendo a adversarios inventados y a naciones enteras.
En una economía política en la que las masacres perpetradas en el extranjero son
dirigidas por líderes elegidos democráticamente, ¿quién va a cuestionar el
comportamiento de un “vecino sociópata” que se limita a seguir el modo de actuar
de su presidente? Este hecho no debería sorprender a nadie: las masacres al por
mayor en el exterior promovidas por nuestros dirigentes se reproducen en las
masacres al por menor en el interior desencadenadas por el “chiflado local”.
Los medios de comunicación: Hablan las armas, los asesinatos resuelven y los
medios se enriquecen
Todos los días, a todas horas, en todos los medios de comunicación, las armas y
las matanzas dominan las mentes, los pensamientos y las fantasías (o las
pesadillas) de los espectadores, especialmente de los millones que absorben el
“mensaje”. Las películas, los programas de televisión y los videojuegos están
plagados de conflictos que se resuelven por las armas, matando víctimas, ya sean
policías o civiles. Los problemas se resuelven mediante la violencia.
El mensaje de los medios de comunicación es que las masacres logran victorias.
Las guerras y los asesinatos se reproducen en multitud de escenarios: hogares,
edificios públicos, escuelas, centros de trabajo, calles y plazas. Las guerras y
las masacres son un elemento esencial de este sistema político y los medios de
comunicación aseguran que penetren en la mente de las masas y se normalicen.
 La economía 
Las armas que se utilizan en las masacres son un negocio muy lucrativo. Los
fabricantes, vendedores al por mayor, vendedores al por menor y clubs de armas
así como las instituciones policiales y militares prosperan en este mercado
libre del asesinato. Los dirigentes políticos utilizan la economía que se mueve
alrededor de las armas para financiar sus campañas electorales. Los políticos
ven con buenos ojos las guerras, la industria armamentística y las asociaciones
pro-armas, con lo que perpetúan las condiciones para que se produzcan las
masacres. Las grandes empresas están protegidas de los asesinatos internos. ¿Por
qué iban a preocuparse los ejecutivos y las élites políticas de las matanzas que
se producen en las escuelas públicas si sus propios hijos están a salvo en sus
caros colegios privados? Al fin y al cabo, están en juego los votos y los
beneficios. Solo los “fracasados” envían a sus hijos a peligrosas escuelas
públicas. Los “triunfadores” tienen alternativas más seguras…
Soluciones 
Para hacer frente a la epidemia de matanzas masivas es esencial efectuar cambios
en la economía política.
1. Reemplazar las políticas de guerras imperiales por el fomento de la
diplomacia, las negociaciones y la resolución pacífica de los conflictos.
2. Reemplazar la cultura de las armas presente en los medios de comunicación por
los valores culturales de la solidaridad en comunidades seguras y comprometidas
con lo público.
3. Reemplazar la obsesión de los civiles por poseer armas militares con una
visión de la propia vida edificada en torno a un ambiente saludable compartido
por vecinos comprometidos socialmente.
4. Prohibir o regular los clubs de armas y las milicias. Abolir la venta del
armamento militar que se utiliza en estas carnicerías. Las armas empleadas en
tiro deportivo y en la caza son diferentes de las armas de guerra utilizadas
para masacrar a docenas de niños apiñados en sus aulas.
 Planteamientos falsos y verdaderos sobre las masacres 
El presidente Trump ha propuesto armar a los profesores para “solucionar” las
matanzas en la escuela. Se trata de una opción descabellada que solo agravaría
la proliferación de armas, estimularía nuevas carnicerías, socavaría el papel de
los maestros como educadores y crearía nuevos “modelos” para potenciales futuros
asesinos. La propuesta de Trump también pone de manifiesto el profundo desprecio
de su administración por el papel que tienen la educación pública y los
educadores públicos en la construcción de una sociedad sana. Su propensión a
culpar a las víctimas (“si los maestros estuvieran armados…”) es una muestra del
grotesco darwinismo social inherente a su ideología y de su interés por destruir
por completo el sector público. Los hijos de la élite y de los políticos no
tienen que asistir a clases de matemáticas o de francés a cargo de profesores
armados. Según la lógica de Trump y de la élite empresarial y política, los
tiroteos en las aulas de las escuelas públicas simplemente subrayan la necesidad
de disolver los Departamentos de Educación de todos los niveles, así como los
demás servicios públicos de esta nación.
Los profesores deberían poder concentrarse en educar a sus alumnos sobre cómo
ser ciudadanos productivos y competentes que valoran la comunidad y la
cooperación por encima de las armas y la guerra. Deberían graduar estudiantes
capaces de evaluar críticamente el papel de los medios de comunicación en la
promoción de la violencia. Deberían fomentar en sus alumnos habilidades cívicas
que les llevaran a movilizarse contra líderes políticos que han aceptado
sobornos (“donaciones”) de sectas de la muerte como la Asociación Nacional del
Rifle.
Para detener la violencia, los dinamizadores comunitarios pueden boicotear a las
empresas que proporcionan apoyo político y material a quienes promueven la
guerra, a las milicias y a los extremistas armados.
Sería necesario aprobar leyes nacionales para limitar las armas de fuego a
parcelas y eventos bien definidos, como los clubs de tiro o la caza.
Los propietarios de armas deberían obtener los permisos de uso según estrictos
criterios psicológicos y tener que renovar dichos permisos con frecuencia. El
ejército debería informar a las autoridades civiles locales de cualquier
conducta violenta y criminal de los soldados que dejen el ejército. No pueden
liberar una “bomba de relojería” en medio de la población a la que han jurado
proteger así como así. La enfermedad mental es un asunto de salud pública y
debería incrementarse la partida presupuestaria destinada a financiar hospitales
e instalaciones en las que identificar y tratar a los individuos que lo
necesiten. Estos enfermos no deberían entrar y salir de las cárceles o ser
arrojados a las calles.
Los vendedores de armas y las exhibiciones de armas tendrían que estar regulados
y obligados a seguir protocolos estrictos bajo amenaza de sanciones.
Los cazadores deberían usar armas apropiadas para el tipo de caza que practican.
Las armas semiautomáticas no son las indicadas para cazar ciervos, conejos o
pavos. Pero se utilizan para cazar y para matar a seres humanos, incluyendo a
niños desarmados en sus aulas.
 Conclusión
Es posible poner en marcha cambios culturales, políticos y económicos, pero para
ello es preciso que las luchas populares se mantengan en el tiempo. Mientras
tanto, deberían implementarse reformas a corto plazo para regular y reducir la
frecuencia y mortandad de las masacres locales.
Es preciso divulgar y rectificar el protocolo por el cual la policía acordona el
perímetro de las matanzas, impidiendo que entren rápidamente los primeros
equipos médicos que acuden a estabilizar a los heridos al tiempo que se protege
a sí misma (un proceso que puede prolongarse durante una hora y provocar muertes
innecesarias por pérdida de sangre). Mientras los equipos SWAT* se preparan y
“aseguran el perímetro”, con una serie de maniobras coreografiadas para asegurar
la “protección de la fuerza”, (un eufemismo que significa “proteger a la
policía”), se desperdician los “minutos de oro” en que se podría estabilizar a
las víctimas. Si los heridos recibieran rápidamente primeros auxilios y pudieran
ser inmediatamente transferidos a los hospitales para someterse a cirugía de
emergencia y transfusiones de sangre, muchas de las víctimas se salvarían. Es un
escándalo la terrible tasa de mortalidad de estos tiroteos (el 100% en el caso
de los niños y profesores de la Escuela Primaria de Sandy Hook**) especialmente
si tomamos en cuenta lo poco que se reflexiona sobre ello posteriormente. Parece
claro que los jueces y la policía locales y estatales ocultan información sobre
el efecto que tiene impedir la entrada rápida de equipos médicos de emergencia.
Es imprescindible que se realice una investigación independiente sobre el
retraso deliberado de la policía en permitir la asistencia inmediata que salva
vidas.
Prácticamente todos los tiroteos producidos en escuelas que han terminado en
masacres los cometen individuos a quienes la policía o la comunidad conocen por
su comportamiento imprevisible y maltrato familiar. El hecho de que la policía
local o la familia conocieran que estos individuos dementes y homicidas tenían
acceso a armamento militar y no actuaran, a pesar de las quejas recibidas al
respecto, exige que una investigación independiente a escala estatal y federal.
Es preciso reforzar las leyes o estatutos relacionados con la hospitalización o
detención preventivas de estos individuos inestables y violentos. Es preciso
nombrar una comisión nacional que investigue la situación de los tratamientos de
salud mental en Estados Unidos y los recursos destinados para ello. En vez de
pedir a los profesores que vayan armados, hay que mantener instituciones
cualificadas de salud mental. No basta con encerrar a los enfermos mentales en
cárceles locales por pequeñas faltas y luego volver a ponerlos en la calle sin
ofrecerles ninguna asistencia.
Es preciso apoyar la enseñanza pública y a sus profesores. Hay que terminar con
décadas de políticas que debilitan servicios públicos como la educación, y
potencian la “libertad de elección de escuela”, —un eufemismo para decir
enseñanza privada— convirtiendo la educación en un privilegio para ricos en vez
de un derecho de los ciudadanos. En lugar de un único profesor (preferiblemente
armado, según el presidente Trump y la NRA) para dar clase a cuarenta alumnos,
cada aula debería contar con tres profesores competentes que trabajaran en
equipo para asegurar el progreso de los estudiantes en las diversas asignaturas
necesarias para llegar a ser en un futuro ciudadanos libres y productivos. Es un
escándalo que el Departamento de Educación y la Secretaria de Educación hayan
mantenido silencio y permanecido ausentes tras las frecuentes masacres de
estudiantes. Pero tampoco resulta extraño si consideramos las prioridades de sus
altos cargos, procedentes de la élite y, en el caso de la secretaria actual
Betsy DeVos, de la clase de los multimillonarios. Nunca han puesto un pie en una
escuela pública. Sus hijos reciben “educación en casa” con tutores privados o
asisten a elitistas academias privadas. Sus programas contrarios a la enseñanza
pública reflejan su hostilidad ideológica hacia el propio concepto de bienestar
social. Las palabras de Trump culpando a los profesores por no ir armados en el
aula muestran claramente su desdén por la enseñanza pública y por las familias
de clase trabajadora y media que confían sus hijos a la educación pública en
todo el país.
Estos sucesos tienen lugar en el espacio público, un espacio a disposición de
todos los ciudadanos que debería ser seguro. La escuela pública ha sido uno de
los cimientos en los que se basaba la creación de una ciudadanía libre y
productiva. No es casualidad que las masacres de jóvenes tengan lugar
exclusivamente en escuelas pública. Los valiosos hijos de la élite están a salvo
en sus hogares-fortaleza y en escuelas privadas superselectas, atendidas por
profesores altamente cualificados, que pueden dedicarse a enseñar sin
preocuparse por si alguien esconde un arma o por la aparición repentina de un
pistolero. Sus hijos tienen el futuro garantizado.
Pero la situación de los hijos de clase media y trabajadora es mucho más
incierta. El acceso a la educación de calidad ha dejado de ser un derecho y un
deber para los ciudadanos. En el mejor de los casos, los jóvenes pueden “acceder
a préstamos para la educación” con tipos de interés usurarios que les encadenan
a décadas de servidumbre por deudas, mientras los estudiantes de clase alta
tienen libertad para seguir una carrera y desarrollar su talento. Mientras
continúen deteriorándose las perspectivas de futuro de los jóvenes, con el
traspaso masivo de riqueza nacional a las élites, estas masacres, los suicidios
y las muertes por sobredosis no pararán de aumentar. Todo esto ocurre en un
contexto sociopolítico: las decisiones deliberadas tomadas desde arriba generan
horror y caos en la base.
Existe un sustrato de clase en las pesadillas que atenazan a los padres,
profesores y estudiantes de clase media y trabajadora de todo el país.
Seguridad, educación de calidad y sanidad de calidad son, cada vez más, dominio
exclusivo de la élite. Las políticas dirigidas por esta, que se iniciaron en el
reinado del presidente Ronald Reagan, han orquestado la disolución de las
instituciones públicas de salud mental y el alta masiva de individuos inestables
y vulnerables, al tiempo que violentos, en comunidades que no están preparadas
para ello. Quienes sufren las consecuencias de dichas políticas no significan
nada para la élite, aunque asistan a sus funerales para hacerse la foto. Las
políticas dirigidas por las élites de los presidentes Bill Clinton, George Bush
hijo, Barack Obama y Donald Trump no han dejado de promover el desmantelamiento
del sector público y la privatización de la riqueza y de las instituciones de la
nación.
La tremenda reducción de impuestos provocada por la ley fiscal de Donald Trump
representa una ganancia inesperada de más de un billón de dólares para la clase
inversora (la élite financiera) a costa de las instituciones públicas y la red
de seguridad que dan servicio a las clases media y trabajadora. La mayor
incidencia de asesinatos en masa, así como el lugar donde se producen y la
identidad de las víctimas, no son fruto del azar: están definidas por la clase y
son reflejo de la pérdida de poder ciudadano. Los ganadores de esta lucha de
clases derraman lágrimas de cocodrilo para la foto mientras en privado
ridiculizan a las familias de las víctimas por confiar en las instituciones
públicas.
Las decisiones tomadas desde arriba que han producido esta epidemia de masacres
en las escuelas públicas, así como otras epidemias paralelas de suicidios y
sobredosis entre las clases media y trabajadora, han beneficiado enormemente a
la élite. Los multimillonarios y los donantes de ambos partidos políticos no
tienen motivo alguno para dar marcha atrás y poner en marcha reformas o
programas destinados a recuperar los derechos de los ciudadanos y el espacio
público. Solo los amigos, familias y vecinos de las víctimas de clase media y
baja, a quienes en privado se considera “fracasados que deciden enviar a sus
hijos a instituciones públicas”, pueden unirse para cambiar todo esto y
recuperar la justicia social y económica que rinda homenaje a los muertos
inocentes y ofrezca un futuro digno y justo para sus hijos. No se trata de armar
a los profesores o de envolver a los alumnos pequeños en “mantas a prueba de
balas”, mientras la élite nos culpa de nuestro sufrimiento desde la seguridad de
sus mansiones. Comprender el sustrato de clase de esta crisis nos ayudará a
levantar los cimientos de las soluciones reales.
Notas:
* SWAT, unidad de élite incorporada a diversas fuerzas de seguridad,
especializada en operativos de alto riesgo y dotada de equipos muy sofisticados.
**Tiroteo masivo en la escuela de Sandy Hook, Connecticut, en diciembre de 2012,
que produjo 26 muertos (20 de ellos, niños de 6 y 7 años). Fue el más mortífero
de los habidos en escuelas primarias o secundarias en la historia del país.

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15/3/2018