Evo frente a lo que llaman cooperativismo

Por Camila Vollenweider y Shirley Ampuero     


Como era de esperar, el asesinato del Viceministro Rodolfo Illanes -y otras 4
personas- marcó un hito de quiebre en la alianza política establecida entre el
gobierno del MAS y el sector de los cooperativistas mineros. Generó una cadena
de acciones y reacciones, y puso en la palestra la situación real del complejo
colectivo “cooperativista”.
Cinco decretos y una resolución marcan el inicio de la voluntad del Gobierno de
regular la dinámica de este sector, que creció aceleradamente a partir del
proceso privatizador instaurado por Sánchez de Lozada y que posteriormente
consiguió mantener sus actividades casi al margen del control gubernamental.
Durante todos esos años, el sector cooperativista -avalado por la legislación
entonces vigente- consiguió suscribir contratos de riesgo compartido,
arrendamiento y subarrendamiento con empresas privadas, incluso extranjeras. En
2014, la Ley 535 prohibió este tipo de acuerdos pero, a pesar de ello, los que
habían sido contraídos continuaron efectivizándose. Tras la escalada del
conflicto de las últimas semanas, el Gobierno estableció como respuesta una
serie de decretos sancionados el 01 de septiembre. Entre ellos, el Decreto
Supremo (DS) 2891, establece que las áreas sobre las cuales se hubiesen
establecido contratos de ese tipo -31 en total- volverían a dominio del Estado.
Se dispuso así la reversión de las concesiones mineras en áreas donde se
constate la inexistencia de actividad minera o su indebida explotación.
El establecimiento del derecho a la sindicalización de los trabajadores de las
cooperativas, decretado por Morales a mediados de agosto y uno de los motivos de
la protesta que acabó en tragedia, alude a que muchas de éstas funcionan, en la
realidad, como empresas privadas, con mano de obra asalariada y privada de
derechos laborales elementales. Así, dos de los decretos sancionados apuntan a
regular la situación jurídica y laboral de las cooperativas: el DS 2892
establece que: “todas las personas que, sin ser socias, prestan servicios en las
cooperativas mineras bajo relación laboral en la que concurran las
características esenciales de ésta, independientemente de la modalidad de
remuneración se encuentran protegidas por la Ley General de Trabajo, estando sus
derechos laborales y todos aquellos relativos a la Seguridad Social, en su
condición de trabajadoras y trabajadores, plenamente reconocidos y
garantizados”.
A través de esta normativa, conjuntamente con la que estableció el derecho a la
sindicalización, se busca garantizar los derechos laborales de una importante
cantidad de “cooperativistas” subcontratados por los mineros que participan como
socios en la producción.
Por otra parte, el DS 2889 pretende la fiscalización del carácter de las
cooperativas, que han de ser “instituciones sociales y económicas
autogestionarias de interés social sin fines de lucro [1]”, y el control de sus
actividades (cateo, prospección, exploración, explotación, concentración,
fundición, refinación, comercialización e industrialización). Por último, les
exige información sobre la distribución de ingresos y excedentes entre los
socios, sobre el volumen y valor de la producción, balances contables, las
nóminas de socios y personal contratado entre otros. Esta información que deben
proveer las cooperativas anualmente ayudará a que el Estado tenga la certeza de
que son tales y no empresas corrientes de explotación minera.
Además se estableció la prohibición del uso, porte y tenencia de explosivos en
manifestaciones públicas -algo habitual en las protestas de los mineros en
Bolivia- y se resolvió acabar con la práctica por la cual las cooperativas
aportaban económicamente a las federaciones departamentales, regionales y a la
FENCOMIN (Federación de Cooperativas Mineras). Las empresas comercializadoras e
ingenios descontaban entre el 1% y el 5% al momento de la internación de los
minerales para su venta, montos que se destinaban a las distintas federaciones.
Estas medidas adoptadas por el Gobierno tras los trágicos episodios de las
últimas semanas apuntan a regularizar un sector productivo, el cooperativista
minero, que no sólo se ha acrecentado sustancialmente en las últimas tres
décadas llegando a ser 14 veces mayor que el estatal y que el privado, sino que
ha recibido numerosos beneficios por parte del Estado (exenciones impositivas,
concesiones de explotación sin licitación, representación política en el
Parlamento, entre otros). Esto los ha convertido en un poderoso actor social
que, si bien ha apoyado políticamente al gobierno de Morales, ha conseguido
también -hasta ahora- limitar la capacidad gubernamental de “interferir” en sus
actividades. Sin embargo, en estas décadas de “autogestión” cooperativista, su
estructura organizacional se ha desvirtuado por completo y hoy son, en su
mayoría, empresas conformadas por pocos dueños (autodenominados “socios”) y una
gran masa de asalariados -mal remunerados y desprovistos de todo derecho laboral
y sindical-, que también figuran como “socios”. Son, justamente los “patrones
cooperativistas”, que encabezan las Federaciones, quienes lideran el
enfrentamiento con el Gobierno, exigiéndole mayores beneficios y la
flexibilización de normativas ambientales, laborales, así como el derecho a
arrendar y subarrendar áreas de explotación a privados.
A pesar del desgaste político post referéndum y la pérdida de apoyo de los
cooperativistas al Gobierno, Morales no parece dispuesto a dar el brazo a torcer
y, seguramente, anunciará más medidas tendientes a regular el sector. El
Gobierno ha condicionado la reapertura del diálogo -solicitada por los mineros a
través de la creación de la Comisión Nacional de Pacificación- a la entrega de
los autores materiales e intelectuales del asesinato de Illanes, y también ha
suspendido la venta de explosivos a las cooperativas, con lo que su producción
ha disminuido. De este modo, hoy éstas se encuentran en una situación mucho más
desventajosa que hace diez días atrás: la violencia de las “patronales
cooperativistas” ha resultado en la exposición pública de sus contradicciones y
ha conseguido que el Gobierno apunte contundentemente a acabar con su accionar
al margen de la ley.

[1]     Ley N° 535 del 28 de mayo de 2014, que regula actividades metalúrgicas y
mineras. URL:
http://www.cedla.org/sites/default/files/Ley535%20Mineria%20Metalurgia.pdf

In
CELAG
http://www.celag.org/evo-frente-a-lo-que-llaman-cooperativismo/
14/9/2016