segunda-feira, 30 de maio de 2016

EL TARIFAZO DE LUZ Y GAS PONE EN RIESGO A CIENTOS DE COOPERATIVAS



Recuperadas contra las cuerdas

Por Javier Lewkowicz


Las empresas recuperadas, que emplean a más de 15 mil personas, se enfrentan a
incrementos tarifarios que llegan hasta el 800 por ciento, lo que pone en duda
su continuidad. Página/12 accedió a datos actualizados del sector y presenta
casos concretos de cooperativas que sufren el tarifazo en un contexto de caída
de las ventas, encarecimiento del crédito y de otros insumos y aumento de las
importaciones. Muchas presentaron recursos de amparo para frenar el tarifazo y
piden ser reconocidas para la tarifa social, aunque el Gobierno se niega. Hasta
ahora, el gesto del macrismo luego de que prácticamente fuera tomada la
Secretaría de Energía por el movimiento de recuperadas fue permitir que las
empresas anotadas en un registro nacional específico paguen el 50 por ciento de
la boleta mientras la cartera de Juan José Aranguren se toma 90 días para
evaluar la situación.

Según el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, que funciona dentro
del programa Facultad Abierta, en Filosofía y Letras de la UBA, hay 362 empresas
recuperadas en el país, que ocupan 15.321 trabajadores. El último informe está
actualizado hasta el mes pasado y todavía no fue publicado. El anterior
registraba datos hasta diciembre de 2013, momento desde el cual se recuperaron
un total de 41 empresas autogestionadas por trabajadores. Del total de empresas
y de trabajadores, poco más de la mitad se ubica en el Gran Buenos Aires (114) y
en la Ciudad de Buenos Aires (71).

La mayoría de las empresas se dedican al rubro metalúrgico (70), seguido por
alimentación (49), gráficas (38), textiles (28), gastronomía (25), industria de
la carne (25) y construcción (18), seguidas por salud, madera/aserradero,
educación, químicas, medios de comunicación, transporte, industria del cuero,
vidrio, comercio, combustible, hotelería, entre otros.

“En estos meses del gobierno de Mauricio Macri los impactos más evidentes sobre
el sector están relacionados con el aumento generalizado de los insumos, el
descenso abrupto del consumo, la apertura de importaciones, la devaluación que
encareció insumos importados y arrastró a los nacionales y, principalmente, los
enormes aumentos tarifarios, especialmente en electricidad y gas”, explicó a
Página/12 Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta, del que
depende el Centro de Documentación. El especialista agrega que “el mayor
impacto, que provocó la reacción de los trabajadores, es el aumento tarifario”.

Varios ejemplos relevados por el informe refuerzan esa descripción. En la Ciudad
de Buenos Aires, a la recuperada gráfica Chilavert le subió la tarifa eléctrica
de 3 mil a 15 mil pesos entre una factura y otra, un incremento del 400 por
ciento, mientras que al restaurant Alé Alé, de 7500 a 22 mil pesos (193 por
ciento). La tarifa para el Hotel Bauen subió de 24 mil a 100 mil pesos (317 por
ciento) y a la pizzería La Casona, de 8 mil a 42 mil pesos (425 por ciento).

En la provincia de Buenos Aires, la metalúrgica 19 de diciembre pasó de 6 mil a
24 mil pesos (300 por ciento), la gráfica Madygraf de Pilar, de 38 mil a 230 mil
pesos (500 por ciento); el frigorífico Subpga, de 100 mil a 850 mil pesos (750
por ciento) y en Neuquén la fábrica de cerámicas Fasinpat pasó de 360 mil pesos
a 1.600.000 pesos en concepto de electricidad (344 por ciento). En Tandil, a la
metalúrgica Ronicevi, que cuenta con 42 asociados que recuperaron la empresa
hace cuatro años, la factura de luz les subió de 32.565 pesos en diciembre a
62.166 pesos en abril.

Otro caso es el de la gráfica Idelgraff, ubicada en Munro, recuperada en 2008 y
conformada como cooperativa en 2009. Los 12 operarios gráficos mantuvieron
abierta la imprenta pero el tarifazo puso el jaque las cuentas: la boleta de
Edenor pasó de 1998 pesos el 15 de enero a 3061 el 16 de febrero y luego a 8794
pesos el 15 de abril (ver foto), en un contexto de fuerte caída de las ventas.

Gisela Bustos es abogada de empresas recuperadas y presentó dos amparos
colectivos de seis empresas de San Martín y siete de la Ciudad de Buenos Aires.
“También hicimos presentaciones en el Ministerio de Energía y estamos haciendo
circular un petitorio. La situación es gravísima. En algunos casos tenemos subas
del 900 por ciento. Mientras la Justicia se demora, las empresas pueden llegar a
cerrar. La solución de fondo es que las empresas recuperadas tengan acceso a una
tarifa social. Es lo que corresponde. Se trata de entidades sin fines de lucro,
que además cumplen funciones como ser bibliotecas y bachilleratos populares. La
tarifa social exige que la persona no tenga ingresos superiores a los 12 mil
pesos y esa es exactamente nuestra situación, porque ningún trabajador retira
mensualmente, ni cerca, esa cifra. Lo que corresponde es la tarifa social, pero
el Gobierno nos pone peros y trabas”, explicó Bustos a Página/12.

“Para el sector de empresas recuperadas, la contracción del mercado junto al
aumento de tarifas y un notable cambio de relación con el Estado ha derivado en
un fuerte cuello de botella que impide el crecimiento y complica su lugar dentro
del mercado como opción al capitalismo y al sector productivo cartelizado”,
indicó a este diario Santiago Luis Hernández, vicepresidente del Instituto de
Promoción de la Economía Solidaria (IPES) de la provincia de Buenos Aires.

La situación es muy comprometida tanto para las recuperadas de tamaño mediano
que ya están estabilizadas en el mercado como para las micropymes. Una de las
empresas más importantes del sector, la fábrica de tractores Pauny, ubicada en
Las Varillas, Córdoba, pasó de recibir una factura de luz de 820 mil pesos a
1.800.000 pesos, con una incidencia en el precio final del 9 por ciento.
“Además, por la devaluación subió el hierro y la chapa no podemos trasladar eso
a los precios porque nos quedamos afuera del mercado. El resultado es que
perdemos rentabilidad y no podemos invertir, porque el canal del crédito, con
las tasas actuales, está vedado”, indicaron desde la empresa, que tiene 650
trabajadores.

Antonia forma parte de la Cooperativa 10 de Noviembre, ubicada en Lomas del
Mirador, La Matanza. Es una hilandería recuperada por sus trabajadoras en 2007,
cuando la empresa, a pesar de tener mucho trabajo, cerró por un problema entre
los socios. “Trabajamos a fasón, el cliente pone la materia prima y nosotros la
mano de obra. Pagábamos 7500 pesos de luz, en marzo nos vino 15 mil, después 35
mil, 37 mil y la última fue de 45 mil pesos, con el mismo consumo, incluso un
poco menos. Veníamos bien, en el último tiempo tomamos dos pibes pero esto nos
mató, no podemos incorporar a nadie porque todo se lo lleva la luz. Somos 18
familias y si seguimos así vamos a tener que dejar gente afuera”. Antonia y las
demás asociadas venían retirando 1600 pesos por semana pero luego del tarifazo
bajaron sus ingresos a 1400 pesos por semana, a pesar de la inflación.

Cueroflex está formada por 80 trabajadores que trabajan con cuero reciclado. Las
ventas a los zapateros y a los fabricantes de cinturones les bajó entre un 30 y
un 40 por ciento. En ese contexto, pasaron de pagar 59.452 pesos el 4 de febrero
a 321.757 el 5 de mayo, un 441 por ciento (ver foto). “Si nosotros pudiéramos
trasladar los costos a los precios la situación sería manejable. Pero no hay
forma de hacer eso en este contexto de caída de las ventas. Nos bajó el trabajo
y automáticamente nos baja el sueldo. Si esto sigue así terminamos todos en la
calle. Pagamos la luz entre todos y no le podemos dar un mango más a la gente”,
contó Jorge a este diario. La fábrica está ubicada en San Martín y fue
recuperada por sus trabajadores hace cuatro años.

La textil recuperada Acetato Argentino, que emplea a 80 personas en Quilmes,
enfrenta una caída de las ventas del 60 por ciento, a raíz de la depresión del
mercado interno y la apertura de importaciones, que llevaron a las marcas a
dejar de comprarle. En consecuencia, su consumo eléctrico bajó de 117.840 kw en
abril de 2015 a sólo 46.560 kw en abril de este año. Sin embargo, la factura
eléctrica de Edesur le subió de 33.619 a 110.522 pesos.

“Las tarifas son parte de un problema mayor. Hay caída de la actividad, suba de
la tasa de interés, incremento de precio de materia prima y servicios. El
panorama es mucho más complejo”, explicó a Página/12 José Abelli, referente del
movimiento de empresas recuperadas, actual integrante de Autogestión,
Cooperativismo y Trabajo (Actra). Mencionó el ejemplo de la recuperada
Cristalería Vitrofin, que tiene 90 trabajadores y está ubicada en Cañada de
Gómez, provincia de Santa Fe. Su principal insumo es el gas, que incide en el 38
por ciento de sus costos, porque utilizan hornos a altísima temperatura. La
producción les bajó más del 35 por ciento mientras que la boleta de gas les
subió de 70 mil a 280 mil pesos. “La perspectiva es el cierre. No se puede
trasladar de ninguna manera a precios ese aumento de costos. Encima está
entrando cristal de Checoslovaquia y de Rusia a precio de dumping”, detalló
Abelli. También mencionó el caso de la fábrica de pastas frescas y tapas de
empanada Mil Hojas, que emplea a 90 trabajadores. “El kilo de harina les subió
de 2,20 a 3,90 pesos, la producción les cayó un 35 por ciento y la factura de
luz subió de 50 mil a 150 mil pesos”. Abelli citó además la situación de Pauny y
la de la recuperada La Cabaña, una fábrica de manteca y crema con 46
trabajadores en Rosario, cuyo alquiler les subió de 90 mil a 170 mil pesos y la
factura de luz, de 40 mil a 120 mil pesos”. “Son empresas que no reciben ningún
tipo de subsidio estatal y que están totalmente en poder de sus trabajadores”,
agregó Abelli.

También está el caso de la Cooperativa Textiles Pigüé, fábrica recuperada por
los trabajadores de la ex Gatic, que pasó de pagar 29 mil pesos por mes a
Camuzzi Gas Pampeana a 202 mil pesos, un aumento de 600 por ciento. Tienen 150
asociados directos y también empleos indirectos vinculados. “Yo no sé si esto es
lo que vale el gas o no. El tema es que de un mes a otro el aumento fue muy
abrupto en un contexto económico malo, porque estamos produciendo entre un 25 y
un 30 por ciento menos de tela que en diciembre, porque se enfrió totalmente la
demanda”, explicó a este diario Marcos Santicchia, presidente de la cooperativa.

La cooperativa El Palmar, ubicada en Laferrere, fue recuperada en 2001 y fabrica
ladrillos huecos para la construcción. “En febrero empezamos a notar una caída
de las ventas del 30 por ciento junto a la fuerte suba de costos porque nosotros
usamos mucho gasoil, líquidos hidráulicos y aceites. En ese contexto, el
tarifazo nos puso en una situación casi insostenible. Pagábamos 40 mil pesos por
mes, luego vino 350 mil y después 370 mil pesos. La situación es desesperante
porque eso implicó inmediatamente una fuerte caída del ingreso de los
asociados”, explicó el asociado Alberto Fernández a este diario.

La Fundidora La Matanza, empresa recuperada en 2002 que cuenta con 70 asociados,
subió su gasto de luz de unos 25 mil a 80 mil pesos, mientras que el gas aumentó
de 30 mil a 130 mil pesos. “¿Cómo hacemos para aguantar? Si tenés laburo se
puede solventar, pero si encima no hay trabajo es imposible”, dijo un integrante
de la cooperativa a este diario. Otro caso que tuvo difusión el del frigorífico
Bragado, recuperado en 2006. “En electricidad pagábamos entre 28 y 30 mil pesos
mensuales y ahora está viniendo 70 mil. De agua pagábamos entre 18 y 19 mil
mensuales y se va a ir a 50 mil pesos. Se nos está poniendo imposible”, explicó
Carlos Alietti, presidente de la Cooperativa.

In
Página12
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-300542-2016-05-30.html
30/5/2016

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