LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA LIBERTARIA

Por José Luis Carretero Miramar.



Un muy respetable compañero, y dinosaurio virtual por
elección, me pidió hace un tiempo, una aportación a un posible
“programa económico” para el movimiento libertario. Tenía
poco tiempo para elaborarlo, pero lo que se buscaba, en el
fondo, era abrir el debate para la redacción de un libro. Esto
es, básicamente, lo que le envié, creo que, ahora, puede
servir también, más que como guía cerrada o aparato dogmático
de cosas que ni yo tengo del todo claras, como texto impulsor
de un debate sobre el postcapitalismo cada vez más urgente.

La transformación social necesaria para poner en marcha una
economía enteramente volcada en un paradigma socialista
libertario precisa de un proceso de afianzamiento y
desarrollo que implica varias etapas, temporalmente
delimitadas. La construcción de una nueva sociedad y una nueva
economía necesita de un desarrollo gradual, y al tiempo
afianzado en momentos de ruptura revolucionaria del orden
precedente.

Se trata de un proceso de transición que empieza por avances
sociales que empoderen a las fuerzas que los obtienen, y a las
clases implicadas en la lucha por su consecución. Estos
avances van desplegando sus efectos, variando el status quo
anterior, reforzando las posturas libertarias, y acumulando
las fuerzas necesarias que deberán expresarse con plena
amplitud en los momentos de quiebra revolucionaria abierta, en
los que los procesos de avance se acelerarán.

Esta visión dinámica del proceso de construcción de una
sociedad transformada, frente a las conceptualizaciones
puramente estáticas que dibujan el escenario deseado, pero se
niegan a imaginar y desentrañar como alcanzarlo desde la
situación actual, empieza por la delimitación de un programa
mínimo para plantear en el momento actual.

El que esas medidas para el ahora se agoten en sí mismas, en
la forma de avances puramente reformistas que intenten
estabilizar el capitalismo, o permitan realmente acumular
fuerzas para un proyecto revolucionario que propone su
superación, no depende tan sólo de como hayan sido redactadas,
sino también de las formas en que han sido alcanzadas (en el
marco de un proceso de auto-organización de la clase
trabajadora, o bajo la dirección de fuerzas socialdemócratas
externas) y de la misma textura del proceso de luchas que
lleva a su obtención (que puede generar consciencia de la
dominación y de la explotación, así como de las posibilidades
de autodeterminación de las clases subalternas, o configurarse
como un “regalo” de dirigentes carismáticos o un producto de
la evolución normal de la sociedad del Capital).

Estas medidas mínimas para el ahora se delinean entorno a la
idea de que puedan, realmente, reforzar la posición de la
clase trabajadora, variando el status quo actualmente
existente, totalmente desfavorable para ella, y permitiendo y
popularizando las experiencias de autogestión y
auto-organización factibles en esta primera fase. Algunas de
ellas podrían ser las siguientes, indicadas sin pretensiones
de exhaustividad:

-Medidas tendentes a encarar el problema de la deuda, que ha
alcanzado a ser central en nuestra sociedad, y a impedir la
transformación del capitalismo en un régimen renovado de
servidumbre por deudas. Estamos hablando de todas las deudas,
tanto la deuda pública de los Estados periféricos, como la
hipotecaria o de consumo de las familias trabajadoras. Medidas
como la auditoría y repudio, y moratoria de los pagos
mientras se realiza lo anterior, de todas las deudas
ilegítimas, ilegales , usurarias, las sustentadas en cláusulas
abusivas y las obtenidas para fines antisociales como el
enriquecimiento de políticos, financieros e inversores
transnacionales.

Esto implica una política de vivienda enteramente diferente,
que pasa por la legalización de la ocupación de los inmuebles
vacíos de las entidades financieras que han sido rescatadas
con dinero público por las personas en situación de necesidad
económica, el fomento de la vivienda cooperativa
(estableciendo mecanismos de control que impidan que
constructores pirata se camuflen de supuestas cooperativas
para llevar a cabo actividades inmobiliarias) y la
constitución de un parque de vivienda pública en alquiler
social con los inmuebles de que actualmente dispone la Sareb.
Este parque público será gestionado por los propios habitantes
de manera participativa y autogestionaria, prohibiendo
cualquier enajenación o externalización de servicios a fondos
de inversión, fondos buitre o sociedades inmobiliarias.
También debe gravarse con impuestos específicos a los grandes
tenedores de vivienda, e incluir forzosamente en el parque de
vivienda bajo alquiler social aquellas que no cumplan función
social alguna durante un período excesivo de tiempo.

Los suministros básicos para la habitabilidad (calefacción,
luz, agua..) deben de ser prestados de manera gratuita y
pública para las familias de trabajadores precarios y sin
recursos, y deben de ser gestionados por Consejos mixtos de
trabajadores, representantes de las entidades locales y
usuarios, sin que puedan ser externalizados en manera alguna a
las entidades privadas y fondos de inversión.

-Medidas tendentes a la configuración de las bases legales y
prácticas para el inicio de la trasformación de la propiedad
pública en comunal-comunitaria, estableciendo mecanismos de
participación activa en lo público para los trabajadores de
los servicios concernidos, los usuarios y organismos locales
comunales de nueva creación, de ámbito local o distrital,
basados en la democracia directa y asamblearia y con
competencias en ampliación constante y recursos procedentes de
los impuestos progresivos devengados en su territorio , así
como de un Fondo Interterritorial de Compensación y
Solidaridad que garantice el trasvase de recursos de las zonas
y barrios ricos a los espacios obreros y degradados.

-Medidas destinadas a hacer frente a la huella ecológica y
garantizar la transición a una economía verde sin necesidad de
un colapso traumático: fomento de la economía local y comarcal
y de la agroecología, establecimiento de límites y controles a
los flujos económicos transnacionales y globales, lábel
sindical y ecológico para los productos comercializados, que
garantice la equidad de género, la sostenibilidad y la
justicia social en su producción; fomento del transporte
público y eliminación de actividades excesivamente
contaminantes. Fomento de las fuentes energéticas renovables
sobre la base de un modelo distribuido que permita la
autonomía energética de los espacios locales.

Para hacer frente a una transición que implica el
decrecimiento en la producción material de cachivaches y la
disminución de la concentración urbana, medidas tendentes a
establecer servicios sociales y culturales públicos y
comunal-comunitarios suficientes en el campo, así como
transportes comunitarios comarcales. También, trabajar para
desconcentrar y hacer sostenibles ciudades con un tamaño
humano, mediante la apertura de zonas verdes, transportes
públicos y huertos comunitarios, y el fomento de la economía
barrial e integrada mediante la limitación de horarios
comerciales o la exigencia de lábel sindical, social y
ecológico para las grandes superficies.

-Fomento del trabajo cooperativo y autogestionario, la pequeña
empresa local y el trabajo autónomo sin situación de
dependencia de cadenas de valor ajenas (es decir, que no
consista en la configuración legal de formas de
subcontratación sobre “falsos autónomos” o “falsas
cooperativas” realmente dependientes de una principal mucho
mayor, muchas veces transnacional). Creación de un tejido
económico propio con base en lo solar y en lo sostenible
social y ambientalmente. Banca pública-comunitaria y
cooperativa, y fiscalidad progresiva orientada al fomento de
sectores de la economía real auto-centrada , así como de los
cuidados y la complejidad cultural y cognitiva. Esto implica
control de los flujos transnacionales de capital y prohibición
de la apropiación por fondos buitres y otros vehículos de
inversión especulativa de las actividades estratégicas y las
relacionadas con las necesidades básicas de la población.

-Política redistributiva encaminada a una mayor equidad en las
rentas de la población, así como a un reforzamiento de la
influencia del trabajo organizado sobre la legislación y la
vida cotidiana de las empresas y centros de producción.
Disminución de la jornada laboral, sin pérdida de salario, y
puesta en marcha de programas de Trabajo Garantizado para los
desempleados, bajo control y dirección de los organismos
comunal-comunitarios. Eliminación del IVA y puesta en marcha
de impuestos progresivos sobre los beneficios empresariales,
las grandes fortunas y las transacciones financieras
internacionales.

Nacionalización de los sectores estratégicos, estableciendo
mecanismos de cogestión o control obrero, más o menos
avanzados según la relación de fuerzas, en ellos y en las
grandes empresas, ya sean públicas o privadas. Creación de
organismos asamblearios de consumidores capaces de participar
en la gestión de la propiedad pública, junto a los
trabajadores y los organismos comunales locales. Recuperación
de la soberanía monetaria y de los controles de capitales
hasta donde se pueda. Salida del CIADI y no renovación de
compromisos internacionales que supongan cesión de soberanía
económica o cláusulas que pongan en peligro el espacio
económico nacional y los derechos fundamentales.

Eliminación de las subvenciones a las organizaciones
empresariales. Nuevo modelo de negociación colectiva basado en
las asambleas de trabajadores, en la primacía del convenio de
ámbito superior (que sólo podrá ser mejorado por el inferior,
pero nunca empeorado), en la legalización de los convenios por
lugar de trabajo o cadena de valor (aunque implique a empresas
de distintos sectores o ámbitos geográficos) y a nivel de
grupo de empresas. Prohibición de la subcontratación y las
ETTs. Creación de un servicio de empleo comunal-comunitario
con competencias reales, con prohibición de externalizar sus
funciones a empresas privadas. El despido declarado
improcedente por los tribunales conllevará readmisión
obligatoria en el centro de trabajo. Fomento del servicio de
inspección de trabajo y adopción de la normativa más exigente
a nivel global en el ámbito de la Prevención de Riesgos
Laborales.

-Desarrollo de mecanismos de formación e investigación
accesibles para todos. Educación gratuita, laica y pública en
todos los niveles (incluidos posgrados). Favorecimiento de los
procesos de innovación educativa, abriendo espacios para
escuelas cooperativas que garanticen perspectivas
experimentales en las aulas. Formación integral que tienda a
eliminar diferencias entre trabajadores manuales e
intelectuales, introduciendo elementos físicos en las carreras
universitarias y conocimientos humanísticos en la Formación
Profesional. Fin de los conciertos con entidades privadas.
Creación de un Banco Colectivo de Conocimientos, donde los
ciudadanos puedan intercambiar capacidades y conocimientos
técnicos de manera autónoma. Promoción de la educación no
reglada y de los centros sociales autogestionados,
dependientes de los organismos locales comunal-comunitarios.
Creación de centros estratégicos de innovación empresarial y
tecnológica a nivel local y sectorial con espacio y
suficientes recursos públicos para iniciativas cooperativas y
sociales, así como acceso directo y funcional al Banco
Colectivo de Conocimientos.

-Amplio reconocimiento colectivo de los luchadores por la
libertad, la República y la Revolución Social. Introducción
en los planes de estudio del conocimiento crítico y el debate
sobre las biografías de revolucionarios, escritores,
científicos y otras personas que hayan realizado destacadas
contribuciones al bienestar común, sea a escala local,
nacional o global. Retirada de los símbolos fascistas del
ámbito público, así como de los representativos de creencias
religiosas específicas.

Tras el afianzamiento de una nueva relación de fuerzas
Capital-Trabajo, basada en la consecución de las medidas
anteriores, que permita el paso a un desarrollo mayor de las
tendencias transformadoras, deberían plantearse nuevas
propuestas de avance al socialismo libertario (ya con todas
las letras), como las siguientes, que se plantean a título
puramente ejemplificativo:

-Colectivización de la Banca y de las grandes empresas, así
como de los sectores estratégicos y los relacionados con las
necesidades básicas de la población. La colectivización puede
hacerse por la vía de un impuesto de sucesiones
obligatoriamente pagadero en acciones empresariales, o por la
vía de la expropiación, indemnizada o no en función de la
situación evolutiva o de ruptura de la sociedad.

-Socialización de las viviendas de los grandes tenedores y
conformación de un parque comunal-comunitario de edificios con
ellas y el parque público de vivienda bajo alquiler social. El
alquiler será sustituido por el usufructo vitalicio y la
gestión será entregada a los organismos comunal-comunitarios,
permitiendo la permuta de viviendas temporal o definitiva
entre los habitantes.

-Los organismos comunal-comunitarios sustituirán a los
ayuntamientos en todas sus competencias. Se establecerán
Consejos comarcales, regionales y nacionales de coordinación
de los organismos comunal-comunitarios que irán sustituyendo
al aparato estatal y que se encargarán de la totalidad de los
servicios públicos para la ciudadanía. Lo esencial de la vida
económica se planificará de manera participativa con la
intervención de los Consejos de Trabajadores y de los Consejos
de Usuarios concernidos. Se permitirán formas de mercado sin
uso de trabajo asalariado en el comercio de proximidad, así
como la pequeña empresa o la explotación agraria familiar que
obtenga el lábel comunal

-Se establecerá el lábel comunal (sindical, ecológico, de
género y social) obligatorio para todos los productos
comercializados. Este lábel se aplicará también a las
importaciones no estratégicas (las de productos estratégicos
sólo podrán realizarlas los organismos públicos).

-Se limitará drásticamente la utilización del trabajo
asalariado, permitiéndolo sólo en pequeñas cantidades y para
las pequeñas empresas y las explotaciones familiares, en
momentos específicos y por necesidades de producción
(estacionales, etc) muy concretas. Las condiciones de trabajo
de los trabajadores asalariados serán vigiladas directamente
por los Consejos de Trabajadores de la localidad concernida,
que podrán revocar el permiso para su utilización. Si hay
trabajadores desempleados recibirán una prestación vitalicia
de subsistencia o una cantidad para la puesta en marcha de una
actividad económica como autónomos o como socios de una
cooperativa. La selección de personal de todas las empresas se
realizará obligatoriamente por un Servicio de Empleo público
dependiente de los Consejos de Trabajadores, con mecanismos de
control comunal-comunitario para evitar cualquier tipo de
corrupción o burocratización.

-Prohibición de la venta de activos a corto en la Bolsa y de
los derivados financieros, así como de la entrada en el
mercado nacional de hedge funds y otros vehículos de inversión
especulativa. Socialización definitiva de la Banca. Ligazón de
la moneda a la riqueza producida en la economía. Puesta en
marcha de experimentos locales de diversas clases de moneda
social y criptomoneda social con los recursos imprescinidbles,
para obtener los conocimientos necesarios para la
socialización de la moneda.

- Colectivización de las tierras que no puedan ser trabajadas
por la familia de su propietario, sin necesidad de trabajo
asalariado salvo para determinadas labores estacionales o
auxiliares. Estas tierras pasarán a formar la columna
vertebral de la propiedad comunal-comunitaria en el campo, y
serán gestionadas por los propios campesinos.

Todas las líneas programáticas aventuradas hasta ahora son
esencialmente tentativas, y han de estar abiertas al debate
permanente, lo más amplio y riguroso que sea posible, ya que
deben ser enormemente sensibles a la situación real y a los
contornos concretos de la lucha de clases. Momentos de
crecimiento acelerado de la consciencia de las clases
populares, o de grandes conflictos, pueden abrir la espita que
permita poner en primera línea propuestas del programa de
avance socialista o del programa máximo, antes de que se hayan
alcanzado propuestas importantes del mínimo. Asimismo,
momentos de lenta acumulación de fuerzas y de construcción de
una ligazón estrecha con las masas populares, al estilo de lo
realizado por los zapatistas en la década anterior a su
aparición pública de 1994, pueden sustentarse en la
popularización y debate de líneas programáticas mínimas, pero
de amplia importancia para la existencia cotidiana de las
clases populares. Las situaciones de quiebra y vacío de poder
deben de ser aprovechadas, pero el ensimismamiento en las
reclamaciones más radicales, o en el “horizonte radiante de la
Humanidad”, sin aterrizarlo en la forma de la construcción
concreta de alternativas para el ahora mismo, debe ser
limitado.

Así pues un programa de construcción del socialismo libertario
debe estar siempre abierto, y sus militantes deben aguzar los
oídos para saber identificar las necesidades y los deseos de
las clases subalternas. Lo escrito aquí es una simple
propuesta, el redactado de un programa auténticamente
operativo para las décadas venideras precisaría de un proceso
colectivo y masivo de reapropiación y debate de largo
recorrido.

Esperamos, en todo caso, haber podido contribuir a ese debate
con la mejor de nuestras intenciones y una perspectiva lo
suficientemente amplia.


In
ICEA Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión
http://iceautogestion.org/
s/d
[2-10-2015]